Un concejal expulsado, un grupo de denunciados en carnaval y el debate de un punto imposible de aprobar. Podría ser el título de un capítulo de la popular serie televisiva ‘La que se avecina’, pero también es el resumen del último pleno ordinario celebrado por la corporación municipal de La Solana. Una larga sesión que terminó al filo de la media noche y que sirvió para la provisión de cuatro plazas más de policía local, dotar a Cruz Roja con 6.000 euros para ayudar a los más desfavorecidos y modificar algunas tasas de servicios, entre otros acuerdos.
Volvieron los concejales al salón de plenos, tras el fallido experimento en forma telemática. Unos en sus sillones y otros repartidos por las butacas del público, participaron con sus correspondientes mascarillas y guardando la distancia de seguridad. Sus señorías tenían ganas de reencontrarse cara a cara y algunos vaticinaban una extensa comparecencia antes de comenzar, como así fue finalmente. “Hasta las doce no hay prisas”, exclamó algún edil antes de entrar en el edificio.
Como es costumbre, las intervenciones resultaron largas, repetitivas con el doble turno de intervención para decir otra vez lo mismo y en muchas ocasiones, para recordar viejas historias del pasado. La pregunta es ¿Serían tan duraderas las sesiones si no fuesen emitidas por los medios de comunicación locales? Todo sea por esos minutos de gloria ante la concurrencia.
Concejal expulsado
Mediado el cónclave, durante una intervención del alcalde, irrumpió el concejal de Ciudadanos, Julián Díaz-Cano, para replicar insistentemente al primer edil. Reprochó e interrumpió el discurso de Luís Díaz-Cacho mientras éste le llamó al orden en repetidas ocasiones, derivándole a su turno de intervención. Ante el toma y daca, y tras los correspondientes avisos, el concejal fue expulsado de la sala. Una circunstancia que no varió las posteriores votaciones, ya que el número de concejales de la oposición era superior al del equipo de gobierno. El alcalde reconoció que era la primera vez que expulsaba a un concejal.
Dentro de los puntos más sobresalientes, y con el voto unánime de la corporación, destaca la propuesta de convenio de encomienda de gestión entre el Ayuntamiento de La Solana y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para la provisión de cuatro plazas de Policía Local durante este ejercicio. La colaboración entre administraciones agilizará los procesos para cubrir estos nuevos puestos que se sumarán a las otras siete plazas convocadas por el consistorio para un total de once. También hubo unanimidad en la aprobación de una partida de 6.000 euros para Cruz Roja La Solana, con el fin de colaborar en los proyectos que están desarrollando con los más necesitados.
Propuesta de moción de censura
No salió adelante la propuesta de subida de tasas de la guardería municipal. El equipo de gobierno planteaba un alza del 12,5% en las mensualidades, siendo rechazada por la oposición. Izquierda Unida argumentó que el precio de las dos guarderías debería ser el mismo. El Partido Popular dijo que tal vez el Ayuntamiento debería dar menos servicios y que no se debe tocar el bolsillo de los vecinos. Ciudadanos indicó que habría que bajar el gasto en vez de subir impuestos.
Al rechazar el encarecimiento de tasas, se descuadraba por completo la confección del Plan Económico-Financiero 2020-2021, que era el siguiente punto en el orden del día. El alcalde, así como la secretaria y el interventor municipal, propusieron eliminar el punto porque habría que hacer otro plan distinto con otros guarismos. Los partidos de la oposición querían el debate a toda costa, aun sabiendo que el acuerdo terminaría en una vía muerta. Los portavoces utilizaron entonces las intervenciones para explicar sus respectivas negativas a la proposición del alcalde sobre un pacto de cogobernanza. El alcalde les volvió a pedir ayuda y cooperación, incluso les animó a que realicen una moción de censura para ocupar el sillón de la alcaldía. Una oferta que tampoco encontró respuesta en ese momento.
La corporación también modificó algunas tasas municipales como la que regula los servicios prestados con la grúa para retirada de vehículos de la vía pública, entre otras. Se aprobó igualmente no cobrar las mensualidades correspondientes al estado de alarma para los autónomos cuyas empresas están en edificios públicos como el Vivero de Empresas, el CIEES y el Centro de Nuevas Tecnologías.
Dentro del apartado de ruegos y preguntas, Izquierda Unida se interesó por el servicio de limpieza de los colegios y por la creación de un enlace en la página web del ayuntamiento para informar sobre la gestión de la Fundación Legado Bustillo. El Partido Popular preguntó por el futuro de la sede de la Mancomunidad La Mancha y el Albergue Puerto Vallehermoso. La primera podría ser la nueva ubicación para la Policía Local, mientras que el albergue permanecerá cerrado de momento. También preguntaron sobre los vehículos semiabandonados junto al aparcamiento de camiones.
Ciudadanos formalizó varias cuestiones como la falta de iluminación en algunos parques municipales, convenios con empresas de servicios externalizados del ayuntamiento o por los quioscos desiertos del parque municipal, entre otras. También se interesaron por las partidas económicas destinadas a festejos populares al no celebrarse la feria de forma oficial, preguntando otra vez por el arreglo del carreterín de Herrera, entre otros asuntos.
Denunciados en el ‘Entierro de la Colasa’
Finalmente, intervinieron unos ciudadanos aquejados por sendas denuncias formalizadas durante el trascurso del ‘Entierro de la Colasa’. Participaron en el desfile con sus tractores, colaborando al engrandecimiento del mismo, según indicaron, no entendiendo que tuvieran que desalojar la Plaza Mayor a la finalización del mismo. La Policía Local fotografió los vehículos que posteriormente fueron denunciados con multas de 600 euros que ya han sido abonadas. La denuncia rezaba textualmente lo siguiente: “perturbar la seguridad ciudadana bloqueando con vehículos el tránsito a vehículo policial y otros en el trascurso de un espectáculo (Entierro de la Colasa) y desobedecer órdenes de los agentes de la autoridad para cesar en esta actitud e impedir la actuación de estos para tomar imágenes de los hechos”. Los vecinos argumentaron que la organización fue nula en aquella celebración y anunciaron que no colaborarán en los carnavales en el futuro.
El alcalde argumentó que no hace las leyes ni impone multas a nadie. También recordó que aquella noche hubo algunas agresiones verbales al concejal de festejos y a policías locales.
La sesión contó con la baja de la concejala socialista María Ocaña que, según anunció el alcalde, ha dimitido como edil, y comenzó con el tradicional minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género. El cónclave duró casi tres horas y media.
