La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado este lunes “coacciones” a los viticultores para que firmen contratos de compra-venta de uva de vinificación con precios por debajo de costes.
Según han denunciado en una nota y ha corroborado a Lanzadigital Joaquín Vizcaíno, responsable del sector de Vino de la organización agrícola, “los compradores están imponiendo cláusulas de manera abusiva, en las que obligan a reconocer costes de producción falsos”, en distintos territorios, como en Murcia y “también en Castilla-La Mancha y Ciudad Real”.
Esta práctica arrastrada durante años, según el portavoz, infringe de manera “clara y abusiva” la Ley de la Cadena Alimentaria.
Por ello, la organización ha presentado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) varios ejemplos de contratos.
El “ejemplo” de un contrato real que la entidad ha hecho público de un viticultor de la DO de Jumilla donde “se recogen unas tablas de precios de 0,18 euros el kilo, muy por debajo de los costes de producción oficiales para la región de Murcia (de 0,47 euros), es “muy similar” a los precios que se pagan en Ciudad Real. Aquí los costes de producción de la uva son los mismos, de 27 céntimos, mientras que se paga a entre 0,0138 y 0,0144 euros el kilo de tinta (2,30 y 2,40 pesetas), y la blanco “incluso menos”, a 0,018 euros el kilo (1,80 pesetas el kilo).
Para Vizcaíno, el nudo gordiano está en que el Ministerio de Agricultura (MAPA) “no ha hecho suyos” los costes de producción que fija el estudio de costes de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia, un reconocimiento que daría seguridad jurídica a los vendedores.
Mientras tanto, se está incumpliendo el artículo 12 de la Ley de la Cadena, porque los contratos incorporan debajo de las tablas una cláusula ilegal “.. el precio pactado, según declara el vendedor, cubre el coste efectivo de producción de la uva objeto del presente contrato…”. Dicha declaración contraviene, recuerda el portavoz, el punto de dicha norma que señala “que quién tiene la responsabilidad de que no se destruya valor en la cadena es el comprador y, en todo caso, este hecho se debería acreditar con factores objetivos y verificables”.
Además, esta redacción es para Coag “una forma de coacción en la firma del contrato, en la medida que supone trasladar al viticultor (vendedor) una responsabilidad que legalmente incumbe al comprador”.
“Este año es el primero de aplicación de dicho punto sobre los costes efectivos tras ser incorporado a la Ley de la Cadena después de las movilizaciones de principios de año”, ha recordado Vizcaíno.
Para este portavoz es fundamental que el MAPA “tome en consideración” el estudio de costes, porque de otra forma “da la impresión de que cada viticultor ha de judicializar su caso y denunciar a la bodega”.
Esta salida “es un sinsentido” porque se trata de un asunto sectorial y además las industrias “como empresas potentes” tienen “un gran músculo para aguantar”, frente a la debilidad un viticultor por su cuenta.
La organización asegura que “detrás de estas prácticas irregulares se esconde una feroz guerra de precios para ganar cuota de mercado en el lineal del supermercado ante la caída del consumo de vino en bares, hoteles y restaurantes”. “Es intolerable, ha declarado” porque los grandes industriales y bodegas “pretenden que los viticultores financien su nueva estrategia comercial por el COVID”.
Coste pactado
Por ello, los productores y las organizaciones que los representan –Asaja, COAG y UPA- han enviado en las últimas horas un documento al ministerio de Agricultura y a la propia interprofesional “para aclarar” la cláusula de la Ley de la Cadena. En concreto y al margen de plasmar en los contratos el coste efectivo de producción, debe recoger que el coste pactado entre las dos partes tiene que cubrir los gastos de producción. De esta manera, según Vizcaíno, evitarán que los productores de uva de vinificación vean repercutidos en los precios que reciben la fuerte presión de los mercados.
Será la avanzadilla de la reunión que el ministro Luis Planas mantendrá el miércoles en la reunión sectorial prevista con la interprofesional, productores, cooperativas, industriales, mosteros, vinagreros y destiladores.
Vizcaíno también ha puesto el acento en el papel de las cooperativas, a la hora de preservar “el pago de la liquidación a sus agricultores por encima de costes”, porque “también venden embotellados y la gran distribución les obliga a que digan que se cubren los gastos”.
Existencias
Los datos reales de existencias, cosecha mundial y exportación no justifican una reducción del 30% en el precio de la uva, tal y como recogen las tablillas en las principales zonas de producción, como Castilla La Mancha”, ha subrayado Joaquín Vizcaíno. Las últimas cifras oficiales publicadas así lo constatan, dado que en los principales países productores del hemisferio sur, las cosechas han sido más bajas que en la campaña anterior: Argentina ( un 10% menos), Chile ( con una caída del 12%), Australia ( con una bajada de 3,9%), y Nueva Zelanda ( con un descenso del 2,5%).
En la UE, las estimaciones apuntan a una vendimia en la media de las últimas cinco campañas; Italia ( donde caerá un 1%), Portugal ( bajará un 5,7%) y Francia ( que registrará un alza del 3,4%).
Asimismo, los datos de existencias en bodegas y cooperativas adelantados la semana pasada por el Ministerio de Agricultura hablan de un descenso del 6,5% respecto al año pasado, unos 2,5 millones de hectólitros menos.
En el capítulo de exportaciones los últimos datos del mes de junio dibujan un cambio de tendencia, con crecimientos del 0,2% en volumen y del 10% en valor. En el primer semestre de 2020, los precios medios de exportación aumentaron un 5%.
