La iniciativa parlamentaria, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, pide que el nuevo Plan de Salud Mental incluya, entre otros, una ampliación del número de plazas disponibles en las Unidades de atención a la población infanto-juvenil que presenté trastornos de conducta alimenticia o trastornos de personalidad.
Asimismo, pide un aumento de plazas de psicólogos clínicos en los servicios públicos de atención especializada a fin de que contribuyan a hacer frente a la demanda de atención psicológica especializada por parte de la población.
Ciudadanos solicita igualmente potenciar la atención primaria para facilitar el acceso a la salud mental, dotando a los centros de atención primaria de psicólogos dentro de los equipos de atención multidisciplinar a fin de que entre otras tareas puedan realizar programas específicos de prevención en salud mental a la población especialmente afectada por la actual crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19.
Otro de los aspectos que pide es garantizar la presencia de profesionales de la psicología en los centros residenciales para personas mayores, tanto centros de día como centros de estancia, para prevenir y paliar las posibles secuelas psicológicas provocadas tanto por el COVID como por el aislamiento y el confinamiento que se han visto obligados a realizar; así como reforzar los equipos de orientación de los centros educativos con la figura de profesionales en psicología.
Establecer programas preventivos específicos de atención a la salud mental a los profesionales sanitarios, con especial énfasis sobre los que están o han estado en la primera línea de atención a pacientes COVID, que den respuesta a las necesidades psicológicas producidas por la situación de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, es otra de las peticiones que hace Ciudadanos.
Por último, Ciudadanos pide al Gobierno regional instar al Gobierno de España a fin de que reconozca las secuelas psicológicas provocadas en los profesionales sanitarios, socio sanitarios por la crisis sanitaria generada por el COVID-19 como enfermedad profesional, estableciendo los mecanismos legales pertinentes para articular un procedimiento que convierta las bajas y secuelas del personal sanitario y sociosanitario de enfermedad común a enfermedad profesional.
