Así lo ha puesto de relieve la plataforma representativa de la discapacidad en España en un documento de propuestas en el marco de la fase de consulta pública en la que se encuentra el anteproyecto de ley que está elaborando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
A juicio de la entidad, el texto legal debe tener en cuenta la accesibilidad también en materia de eficiencia energética y sostenibilidad.
Además, el CERMI ha planteado que se aproveche esta oportunidad para incorporar la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras y actuaciones de accesibilidad sean obligatorias para las comunidades de propietarios cuando venga solicitadas por vecinos con discapacidad o mayores de 70 años, con independencia de su coste.
“La accesibilidad universal es una obligación de la comunidad, y así debe plasmarse en el texto, y no debe conocer ninguna excepción, reducción o rebaja, en atención a la cuantía de la actuación”, ha remarcado la entidad.
INFORMACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD
Por otro lado, el CERMI pide que las fichas de los edificios tengan que incluir obligatoriamente, en el Registro de la Propiedad, información específica sobre accesibilidad y eficiencia energética, así como los resultados de los informes de la inspección técnica de los edificios, para que esta información esté disponible con transparencia en favor de todos los grupos de interés, en especial de las personas con discapacidad y mayores.
En su opinión, el hecho de tener que dar cuenta de las condiciones de accesibilidad de un edificio de viviendas “incentivará que cada vez más propietarios se comprometan con la accesibilidad de los hogares”.
En cuanto a los edificios de mayor antigüedad que no reúnen condiciones mínimas de accesibilidad y eficiencia energética, la organización ha planteado que, en el marco de la nueva ley, se articulen fondos para la rehabilitación de estos entornos.
En esta línea, ha instado a crear un nuevo fondo estatal de promoción de accesibilidad universal, adscrito y dependiente de la Administración General del Estado, nutrido con el 1,5% de los presupuestos que el Estado dedica a transportes, movilidad, infraestructuras y agenda urbana, así como transformación digital y telecomunicaciones, con el objetivo de financiar iniciativas, programas y proyectos de accesibilidad universal, de modo similar al 1,5% cultural (ya regulado), destinado a la protección y valorización de patrimonio artístico y cultural español.
Por último, la entidad ha destacado que la nueva ley de arquitectura debe prever y alentar la construcción de nuevas formas de habitabilidad, comprometiéndose con el impulso de la inclusión de las personas mayores y con discapacidad, ofreciendo opciones que les permitan vivir en comunidad, para que, si no lo desean, no se vean forzadas a tener que vivir en centros institucionalizados como las residencias.
