En concreto, la institución cree necesario incentivar el acogimiento familiar y el número de familias acogedoras, «aumentando las cuantías de las ayudas y prestaciones, y dando más y mejor apoyo, con programas de refuerzo psicológico y psicopedagógico, así como formación constante».
Además, el Defensor reclama una mejora en la calidad de los seguimientos y las visitas domiciliarias periódicas a las familias acogedoras, y pide a las CCAA que reduzcan el tiempo de valoración de idoneidad de las familias que se ofrecen para el acogimiento.
Asimismo, la institución ha pedido medidas para aumentar el número de familias capacitadas para acogimientos especializados y avanzar en el desarrollo del acogimiento profesionalizado.
Por último, ha recordado a través de sus resoluciones la obligación legal de resolver en los plazos establecidos y revisar cualquier medida de protección no permanente cada tres meses en casos de menores de tres años y cada seis meses respecto a los mayores de esa edad.
«ELEVADO» NÚMERO DE MENORES EN RESIDENCIAS
El Defensor del Pueblo lleva tiempo advirtiendo sobre el «elevado» número de niños que el sistema de protección de menores todavía acoge en el modelo residencial. Según precisa, hay «compromiso institucional» con el acogimiento familiar pero el sistema de protección avanza «lentamente» en esa dirección.
La institución ya advirtió en su último Informe Anual que el cambio del modelo «no se ha conseguido más de treinta años» después de la introducción de la figura en el Código Civil en la década de 1980. En este contexto, y tras analizar en 2018 la situación de este asunto en la Comunidad de Madrid, el año pasado el Defensor inició una actuación de oficio con las demás comunidades autónomas para conocer qué medidas aplican.
Del conjunto de la información recibida, extrae que el número de familias acogedoras es «insuficiente» para el número de menores en situación de acogida y que existen «mayores dificultades» para encontrar familias en los casos de mayores de 7 años, grupos de hermanos o menores con necesidades.
Además, señala que las cuantías de las prestaciones y ayudas que reciben las familias acogedoras son «escasas» y «eso hace que el sistema dependa casi en exclusiva del altruismo de las familias oferentes».
Precisamente, Fernández Marugán mantuvo el pasado lunes una reunión con la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), que agrupa a más de 1.000 familias acogedoras en toda España, para analizar los principales problemas que afectan al sistema de protección en el país.
Los representantes de ASEAF, además de reivindicar el acogimiento familiar, mostraron su preocupación por la situación de los menores sin documentar o por el vacío legal al que se enfrentan los jóvenes extutelados cuando alcanzan la mayoría de edad, tanto aquellos que están en familias de acogida como los que salen de las residencias, según informa el Defensor
