El Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido “reducir considerablemente” los tiempos de listas de espera en las solicitudes de valoración de los grados de discapacidad durante el último año; en concreto, un 40,9 por ciento en Albacete y un 23,5 por ciento en Toledo.
De ello ha dado cuenta la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha explicado que estos “buenos resultados” son fruto del programa temporal de empleo, que se puso en marcha hace ahora un año en estas dos provincias y que ha vuelto a ser prorrogado otro año más, tal como acordó ayer el Consejo de Gobierno en su reunión semanal, “para seguir impulsando esa reducción de listas de espera”.
La prórroga de este programa temporal de empleo irá desde el 1 de febrero de 2023 al 1 de febrero del 2024, será para 12 personas trabajadoras y tiene un coste de 487.400 euros.
En cuanto a los perfiles profesionales de las 12 personas funcionarias que refuerzan este servicio de valoración son tres profesionales de la Medicina, tres de Psicología, tres de Trabajo Social y el mismo número de personal técnico administrativo.
Estas 12 trabajadoras y trabajadores conforman tres equipos de valoración para los centros base de Albacete y Toledo, estando compuesto cada uno de ellos por una persona especialista en cada área citada y por un auxiliar administrativo para reforzar las tareas administrativas.
En resumen, ha dicho la consejera, es “una apuesta por impulsar esa agilización que, a veces, es tan importante como los propios recursos o los propios servicios”.
Blanca Fernández ha recordado al respecto que el Gobierno de Emiliano García-Page invierte 150 millones de euros para la protección y atención de las personas con discapacidad y ha puesto a la par la importancia de contar con presupuesto y recursos y de hacer las valoraciones. “Por eso, este programa temporal de empleo es importante en el engranaje del conjunto de la atención a las personas con discapacidad”, ha señalado.
Más presupuesto y recursos para atender a diario a 14.000 personas con discapacidad
De la importancia y envergadura de las políticas de Bienestar Social da cuenta el hecho de que, a diario, más de 14.000 personas con discapacidad son atendidas en la red de recursos públicos de la Junta, conformada en la actualidad por 366 recursos especializados.
Además, tal como ha destacado la consejera portavoz, desde 2015 esta red ha sido ampliada con 13 centros nuevos para personas con discapacidad con 426 plazas y 24 viviendas nuevas con apoyo, lo que ha hecho posible alcanzar esa cifra de 366 recursos públicos.
Gracias a esta acción, ha afirmado la consejera, Castilla-La Mancha ha pasado de ser una región en la que, debido a los recortes, era la que menos destinaba a las políticas de protección de la discapacidad con apenas 99 millones de euros en 2015, a superar este año los 150 millones de euros “para atender más y mejor a esas 14.000 personas que estamos atendiendo y a las que sea necesario atender”.
Estas políticas, ha concluido Blanca Fernández, “nos hacen sentir especial orgullo, ya que en este momento se puede decir que Castilla-La Mancha ostenta el liderazgo en materia de discapacidad de toda España; es la primera Comunidad Autónoma en contar con una Ley de protección y apoyo garantizado a la discapacidad y somos la Comunidad Autónoma con mayores porcentajes de empleo, también entre las personas con discapacidad”.
