El Informe Anual 2018 que el Defensor del Pueblo realiza en su condición de mecanismo nacional de prevención de la tortura (MNP) refleja que Baleares es la segunda comunidad autónoma donde más se autolesionan los menores en centros de internamiento para menores infractores (CIMI), y que Castilla-La Mancha, junto a País Vasco, están en segunda posición en cuanto a fugas de menores de estos centros para menores.
En el informe se explica, que Baleares presenta unas “cifras anormalmente altas”, con un 11,47% del total de la cifra de toda España. Por delante solo está el CIMI del Valle Tabares, en Tenerife, que ha registrado el 39% del total de la cifra estatal. Tras estas dos autonomías, vendrían Aragón (9,7%) y Andalucía (7,06%), en las que tres de cada cuatro se concentran en la provincia de Cádiz).
Por otro lado, las agresiones a trabajadores de los CIMI por parte de los menores se concentran en tres comunidades, Baleares, donde se producen una de cada dos agresiones registradas, seguida de Canarias (18,2%) y de País Vasco (9,5%).
Respecto de las fugas, los CIMI de Baleares han registrado en 2018 el 42,8%, seguidos de los centros de Castilla-La Mancha y País Vasco, con el 14,2% en cada caso. Además, la mayoría de no retornos tras salida de los CIMI se concentran en La Montañeta de Las Palmas y en Baleares (12,9%).
En 2018, el MNP ha inspeccionado 111 lugares de privación de libertad repartidos por 31 provincias de 17 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta. Una de cada tres visitas fue de seguimiento para comprobar si la aceptación de las resoluciones emitidas por la Institución supone o no un cambio real de los problemas detectados en anteriores inspecciones. En total, se han alcanzado 1.788 conclusiones que han derivado en 45 recomendaciones, 760 sugerencias y 17 recordatorios de deberes legales.
En su visita a los 15 centros penitenciarios, el Defensor advierte en este informe de que sigue detectando que en algunos de ellos no existe un libro en que se registren las quejas, denuncias o procedimientos judiciales relativos a actuaciones incorrectas de funcionarios contra internos. Asimismo, insiste en que sigue sin haber un protocolo unificado sobre la colocación de cámaras de seguridad, grabaciones, imágenes y la custodia de las mismas.
Sobre las ocho visitas a centros para menores infractores, el documento revela la “preocupación” de la institución por los ingresos de menores en centros de comunidades distintas a las de su residencia, que llega a “comprometer” el mantenimiento de los vínculos familiares, dado es “esfuerzo económico” que supone para las familias ir a visitarles.
Asimismo, el documento revela la constatación de que todavía hay centros de menores infractores que no cuentan con libros de registro en el que inscribir el uso de medios coercitivos o, incluso, los que sí lo tienen no incluyen información necesaria como el nombre de los internos, la medida empleada o el motivo de aplicación de la misma.
Este lunes el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha entregado el informe en el Congreso de los Diputados y el Senado.
