El Gobierno regional ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 35/2023, que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de diversas demarcaciones hidrográficas, entre ellas las del Tajo y el Segura, con el fin de “frenar el recorte, o más bien el hachazo, al trasvase que supone el nuevo plan del Tajo”.
Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, en una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que ha indicado que la demanda va acompañada de 15 informes técnicos.
El dirigente regional ha indicado que el plan hidrológico del Tajo conlleva una reducción que puede alcanzar los 100 hectómetros cúbicos al año, “sin que exista ninguna medida alternativa, ni viable, ni realista” por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que dirige Teresa Ribera.
Según Ortuño, el Gobierno murciano “deja claro en su demanda que el Ministerio actuó con arbitrariedad porque no existen informes técnicos que justifiquen su decisión y, por lo tanto, actuaron únicamente en base a criterios ideológicos y partidistas”.
“Por eso entendemos que el plan del Tajo queda invalidado. Se despreció el impacto económico y social que podemos sufrir en la Región de Murcia, la pérdida de unos 300 millones de euros y la destrucción de casi 6.000 puestos de trabajo, y, además, el Ministerio pasó por alto el impacto medioambiental”, ha comentado.
Además, ha aseverado que el Gobierno regional también “deja claro” en su demanda que el Miteco “incumplió la ley y la Constitución”, en especial por “la absoluta falta de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura”, lo que conllevó “una situación de inseguridad jurídica”.
Igualmente, Ortuño ha manifestado el dirigente regional, el Real Decreto del Ejecutivo de la Nación “contraviene la Constitución, ignora la coordinación hidrológica”, al tiempo que es “arbitrario” y conlleva “un impacto social, económico y medioambiental muy negativo para la región”.
Asimismo, ha reiterado que la demanda evidencia que “la decisión del Gobierno de España fue arbitraria, que no se tuvo en cuenta el interés general, que se actuó sin aval científico, saltándose las leyes y sin valorar las consecuencias económicas, sociales, medioambientales y ecológicas”.
“Para Teresa Rivera, el trasvase Tajo-Segura no existe en la planificación hidrológica, y lo que hacemos es decirle que sí existe y, por supuesto, explicarle el daño económico, social y ecológico que supone su recorte”, ha dicho el dirigente regional, quien ha dicho que espera que el Tribunal Supremo “sea sensible a nuestros argumentos y que frene lo que consideramos todo un atropello”.
