El PP presentará mociones en ayuntamientos y Parlamentos autonómicos para exigir al Gobierno la retirada de la proposición de ley que han registrado en el Congreso PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una reforma judicial que, a su juicio, lo que busca es modificar la Constitución por la “puerta de atrás” para “instaurar un nuevo régimen muy parecido a la dictadura bolivariana de Venezuela”.
Así, el partido que dirige Pablo Casado argumenta en esta iniciativa –a la que ha tenido acceso Europa Press– que esa reforma judicial impulsada por el Gobierno de coalición “copia la que, en el año 2004, realizó Hugo Chávez para hacerse con el control de los jueces venezolanos”.
Retirada de la reforma judicial
La retirada de esa reforma judicial es la primera condición que el PP ha exigido al PSOE para poder sentarse a hablar de la renovación del CGPJ, a la que suman otras dos: dejar a Podemos fuera del proceso y avanzar en la despolitización. A la dirección del PP no le basta con que Pedro Sánchez haya dicho que “detiene el reloj” de la tramitación parlamentaria de ese proposición de ley y reclama la “renuncia y retirada” del texto del Grupo Socialista y Podemos.
“Un ataque frontal a la Constitución”
En su moción, que ha coordinado la Vicesecretaría de Política Territorial, el PP exige al Gobierno, al PSOE y a Unidas Podemos que procedan a la “retirada inmediata” de esa proposición que rebaja la mayoría cualificada establecida en el artículo 122.3 de la Constitución para designar a 12 de los 20 miembros del Consejo, los 12 elegidos entre los jueces, pasando de los tres quintos de las Cámaras (Congreso y Senado) a mayoría absoluta.
Según el PP, esa reforma judicial supone “un ataque frontal” a la Constitución, a la separación de poderes y a la independencia judicial, al tiempo que “institucionaliza el control del jueces por parte del Gobierno”. Además, cree que vulnera el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea al “romper con el compromiso democrático” que exige la Unión, “alejando” a España de los países más avanzados de Europa.
Una propuesta que no ha sido presentada por el Gobierno de coalición
El PP sostiene que la proposición ha sido presentada por PSOE y Podemos, en vez de hacerlo el propio Gobierno de coalición, con el objetivo de “eludir la obligatoriedad” de contar con los preceptivos informes de órganos constitucionales: Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado.
A su entender, este hecho demuestra que la finalidad que persigue esta reforma “no es mejorar la justicia española o favorecer una rápida renovación de los órganos judiciales, como falsariamente afirma el Gobierno”, sino “dinamitar los consensos y la concordia” de la Transición y estos 42 años de democracia. Además, cree que busca modificar la Carta Magna por la “puerta de atrás” para “instaurar un nuevo régimen muy parecido a la dictadura bolivariana de Venezuela”.
Tras señalar que esa reforma representa una “degradación institucional e involución democrática”, subraya que registrarla además cuando se están negociando los fondos europeos de reconstrucción “supone una grave irresponsabilidad” porque “hace peligrar” que España reciba ese dinero.
Que los jueces sean elegidos por los jueces
En la misma moción, el PP pide además al Gobierno que tramite la modificación legal que ha propuesto el PP para que los vocales del CGPJ de procedencia judicial “sean elegidos directamente por los propios jueces, no por la Cámaras ni los partidos políticos”.
El PP plantea también que las asambleas legislativas autonómicas “no podrán designar vocales en los Tribunales Superiores de Justicia” y “fomenta la imparcialidad de la Fiscalía al impedir que acceda al cargo todo aquel que haya desempeñado un cargo político, o de confianza política, en los últimos 10 años”, según añade el texto.
Que el resto de fuerzas políticas se “retraten”
Fuentes de la dirección nacional del PP han señalado a Europa Press que el Partido Popular busca con esta moción que llevará a todos los territorios de España que otras fuerzas políticas se “retraten” y digan si están a favor de avanzar en la “despolitización judicial”.
