El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto a consulta pública la elaboración de un proyecto de ley por la que se regule y establezcan las normas básicas para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en España, cuyo plazo terminaba el 5 de Julio.
La Fundación Savia ha aplaudido la iniciativa y ha remarcado que “el sector agroalimentario español es pieza angular de nuestro tejido económico y social, además de ser una seña de identidad en todo el mundo” y afirman que “las condiciones de clima y suelo de nuestro país permiten que pocos lugares del mundo reúnan condiciones tan propicias para una excelente calidad de vida y progreso”.
La entidad ha realizado una serie de aportaciones y propuestas a la consulta pública para mejorar nuestra cadena de valor agroalimentaria entre las cuales se encuentra “la optimización y mejora del funcionamiento de nuestra cadena de valor agroalimentaria” para fortalecer, según afirman, nuestra gobernanza, garantizar el relevo generacional del sector primario, gestionar el territorio y la sostenibilidad de los recursos naturales y garantizar el acceso a alimentos de calidad, cercanía, temporada y ecológicos. Las propuestas presentadas siguen una línea secuencial de la cadena de valor.
Protección para las pequeñas explotaciones
Empezando por el sector primario piden “garantizar la viabilidad de las pequeñas explotaciones familiares” reduciendo las cargas burocráticas, garantizando unas rentas dignas y estableciendo unos incentivos y políticas fiscales, económicas y de formación específicas, considerando las singularidades y características de las pequeñas explotaciones, “actuando de manera transversal en las políticas de lucha contra el despoblamiento rural y de interior y la mitigación del cambio climático”.
De manera similar ocurre con la industria de transformación agroalimentaria, por lo que piden la diferenciación de la pequeña industria con respecto de la grande, así como la regulación y puesta en marcha de mataderos móviles, salas de despiece, extracción y envasado de la miel, etc.
En lo referente a la intermediación y comercialización de alimentos piden “establecer medidas que reequilibren el peso específico del sector de la distribución alimentaria para evitar abusos derivados de situaciones de monopolio encubierto” de las grandes cadenas de distribución, para “recuperar y potenciar los mercados tradicionales y las tiendas de barrio y de pueblo que generan empleo y riqueza asociado al territorio” para que los productores puedan “obtener mejores rentas” y los consumidores “mejores precios”. Proponen que la administración pública sea ejemplarizante y realice sus compras de alimentos para centros públicos con criterios de proximidad y sostenibilidad.
El último gran eslabón de la cadena agroalimentaria son los consumidores. La organización muestra su preocupación por los datos últimos datos conocidos de las colas de hambre y la obesidad infantil. Piden realizar campañas de difusión, promoción y fomento del consumo de cercanía, temporada, ecológica, “a la compra de productos saludables ligándolo a un cambio de mentalidad e inculcando nuevos valores sociales a través de la educación”.
La Fundación Savia considera que “el sector primario, además de proveernos de alimentos, permite la generación de toda una serie de bienes comunes que tienen difícil cuantificación en el PIB pero que resultan imprescindibles para la calidad de vida de las ciudades y la costa”.
Gestión de desperdicios
Son preocupantes los datos que ofrecen en sus aportaciones donde se ha estimado que el 28% de la superficie agrícola mundial se usa para producir alimentos que se pierden o desperdician, con la utilización de 250 km3 de agua y la generación de 3.300 millones de toneladas de CO2 de gases de efecto invernadero. Entre el 30-50% de los alimentos aptos para el consumo son desechados por no cumplir con las exigencias de las grandes cadenas distribuidoras. Se estima que el desperdicio de recursos supone una disminución en términos económicos equivalente a más de 728 billones de euros al año en el mundo.
Abogan por aplicar criterios de economía circular “dotando de valor a productos, materiales y recursos para mantenerlos económicamente productivos durante el mayor tiempo posible y generando la mínima cantidad de residuos”.
Savia finaliza sus aportaciones animando a actuar con celeridad, diligencia y responsabilidad para que la crisis social y económica derivada de la sanitaria se vea agravada y aparezcan nuevos problemas y, para ello, ponen en valor la esencialidad del sistema y de la cadena de valor agroalimentaria, garantizando la alimentación, la gestión del territorio y la viabilidad de millones de españoles.
