El tema de la conmemoración, es “el aprendizaje para los pueblos, el planeta, la prosperidad y la paz”, con el que pretende, entre otras cosas, destacar la naturaleza integral de la educación y sus objetivos humanistas. La apuesta por el enfoque integral y humanista pone de relieve que la educación tiene como misión ayudar a que cada individuo pueda desarrollar con facilidad todo su potencial y organizar su vida en libertad. La Asamblea apuesta decididamente por una educación inclusiva capaz de reducir desigualdades y eliminar todo tipo de barreras a las personas con capacidades diferentes.
Esta conmemoración llega en un momento en el que nuestro país se encuentra en pleno debate político sobre lo que se ha dado en llamar “pin parental”, que no es otra cosa que un intento de la derecha por imponer un veto educativo a los centros. Para ello no duda en cuestionar su autonomía e invadir sus competencias, en erosionar la libertad de cátedra y minar la confianza en el profesorado. Y lo hacen contraviniendo la propia Constitución, que garantiza el derecho de los menores a recibir una educación integral. Sin duda un despropósito al que los socialistas asistimos con preocupación y ante el que no vamos a quedarnos inactivos.
El “pin parental” pretende cercenar la pluralidad y la riqueza de la enseñanza que se imparte en la escuela pública. Es una clara exhibición negacionista de los contenidos que ideológicamente no se ajustan a sus postulados. Es un claro intento de generalizar la privatización de la educación, independientemente de la consideración de los centros en la que se desarrolla.
Y curiosamente recurren al argumento de adoctrinamiento, olvidando que se adoctrina cuando se quiere imponer unilateralmente un pensamiento único, como pretende hacer una derecha cada vez más radicalizada. Adoctrina el que educa en los principios de la superioridad moral de unos ciudadanos sobre otros, el que defiende las diferencias, el que apuesta por el individualismo más exacerbado, el que pretende que las personas se formen con una visión del mundo sesgada y supremacista.
Frente a los que creen que el suyo es el único modo de ver el mundo, los socialistas apostaremos siempre por una educación orientada a la formación integral de las personas. Por unos centros públicos en los que se ejerza una pedagogía que permita al alumnado desarrollar el pensamiento crítico. Por una enseñanza que les ayude a comprender en su totalidad el contexto social actual, tan diverso y tan cambiante. Por un sistema educativo que fomente una sociedad plural, igualitaria e inclusiva.
No hay mayor garantía para alejar el adoctrinamiento de las aulas que apostar por una educación que forme ciudadanos críticos, libres e iguales.
Para detener estos nuevos intentos de la derecha de patrimonializar la educación es necesaria una nueva ley que mejore nuestro sistema educativo. Sencillamente es necesario derogar la LOMCE, una ley impuesta por el Partido Popular rompiendo el consenso existente desde el año 2006. Una ley a la que se opuso el resto de partidos políticos por segregadora y discriminatoria con el alumnado que presenta algún tipo de dificultad en el aprendizaje. Una ley que ha empeorado los resultados académicos de los alumnos y que ha limitado la autonomía de los centros y la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa.
Es necesario, y urgente, revertir los daños ocasionados por la LOMCE con una reforma educativa que vuelva al consenso que generó la LOE, que aporte modernidad y estabilidad al sistema educativo, que recupere la equidad y que mejore los resultados académicos del alumnado. Es acuciante una ley que tenga en cuenta los principales desafíos que plantea la educación del siglo XXI.
Entre otras cuestiones, la nueva ley deberá contemplar la modernización de la profesión docente, la mejora de los resultados escolares, la apuesta por la inclusión social y la supresión de los itinerarios tempranos a los que se ve abocado el alumnado, el fomento de la Formación Profesional, la prevención de la violencia de género, el desarrollo sostenible y el estudio de valores cívicos y éticos. También que determine que la asignatura de Religión no sea computable, que suprima las reválidas y que universalice la educación entre los 0 y 3 años. Es decir, una reforma educativa que esté en línea con los objetivos de la Agenda 2030.
Para asegurar su futuro es necesario un pacto de todos los partidos para que la nueva Ley de Educación tenga garantizada la financiación suficiente, quedando exenta de posibles recortes presupuestarios, y se consiga, como afirmó la ministra Isabel Celaá, “alcanzar una inversión educativa del 5% del PIB para garantizar los recursos más allá de cambios políticos y económicos”.
El Proyecto de Ley existe. Se denomina LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), y nuestro sistema educativo la necesita más pronto que tarde.
