J. Yébenes
Ciudad Real
Pionera del activismo agrario como forma de vida y del impulso de redes de mujeres rurales para la defensa de sus reivindicaciones, Mariana Fuentes se acaba de convertir legalmente en joven agricultora.
Mariani (como la llamana sus allegados) no tiene el perfil de una mujer del campo de toda la vida que habita en el imaginario urbano, sino el de una eficiente gestora al frente de una explotación agrícola (hortícola, de leguminosas y cereales), en la que trabaja desde hace años y de cuya actividad es desde ahora cotitular junto a su marido. “Él lo tuvo más fácil”, explica esta joven membrillense de 39 años cuando hace cerca de una década la pareja decidió iniciar un proyecto propio como productores de melones, cereales y guisantes.
“Yo estaba embarazada y fue él el que se dio de alta en la Seguridad Social”, señala, al tiempo que subraya con gran proverbialidad los beneficios que la Ley de Titularidad Compartida ha traído al sector de las agricultoras, una vez que las comunidades autónomas habilitan el registro de inscripción de los nuevos titulares.
Tras la creación de esta nómina en julio, Fuentes fue una de las primeras que rellenó la solicitud de inscripción, tras acreditar que el titular de la explotación estaba dado de alta en la Seguridad Social, que ejercía la actividad agraria de modo directo y personal y que residía en el ámbito territorial rural en el que radica la explotación.
Es una de las cuatro agricultoras que se han dado de alta en la provincia y de las veinte que se contabilizan en toda la región.
‘Melonera’ por tradición familiar, esta diplomada en Relaciones Laborales lo tuvo claro desde el principio “cuando nos falló la aportación económica (a su marido lo despidieron de su anterior trabajo) y decimos trabajar en el campo”. Hoy “somos profesionales de la agricultura”.
Colabora con su marido en los trabajos directos de los cultivos (conduce el tractor, recoge melones, siembra,…), así como realiza todo el trabajo administrativo y de gestión derivados de la actividad. “Es increíble la cantidad de papeles que hay que tramitar”, se queja.
Por ello, hace años se planteó registrarse como titular, pero “te pedían pagar cinco años de atrasos”, por lo que sólo figuraba como colaboradora. Ahora, la nueva Ley “nos visibiliza y nos coloca en el primer puesto de mujeres que tienen reconocido legalmente su trabajo y por el que pueden cotizar”, defiende.
Sobre la rentabilidad de las explotaciones agrarias, echa mano de un viejo proverbio: “en el campo, cuando hay precio no hay kilo y cuando hay kilo, no hay precio”.
La explotación familiar de Mariana Fuentes y su marido se distribuye en ocho hectáreas de cultivo de melón, 60 de cereal y 40 de guisantes, “todo de regadío”. Estos plantíos los preparan desde octubre con la roturación y abonado para la siembras de otoño (cereal), de invierno (guisantes) y de primavera y verano (melones).
Con todo, esta mujer, madre de dos niños de 11 y siete años, reitera la evidencia de “la importancia de las mujeres rurales y su crucial aportación” en los pueblos, a pesar de que “no siempre se entiende que si eres joven y preparada, puedas decidir vivir y trabajar en tu propia explotación”.
Pero desde hace pocos meses, esta decisión tiene “su recompensa” con la Ley de Titularidad Compartida.
Los beneficios
Experta en pormenorizar los beneficios de la ley a través de algunas conferencias que, como portavoz de Amfar, imparte a colectivos de mujeres rurales, Mariana Fuentes resalta el objeto que contempla la propia norma: “profesionaliza la labor de las agricultoras, dignifica las labores del campo, apoya la agricultura familiar, incrementa la participación de las mujeres en las organizaciones agrarias, fija población y mejora la calidad de vida”.
En cuanto a los beneficios, destacó los descuentos de hasta el 30% en la cotización a la Seguridad Social para las mujeres que tengan menos de 50 años, la cotización en el mismo régimen de ambos cónyuges, la consideración de prioritarias a las explotaciones encabezadas por mujeres a la hora de pedir subvenciones, el reparto de los beneficios al 50%, la impartición de formación y la opción de tener una pensión por su propia cotización.
Fuentes destaca otros de los avances más “importantes”, como es que en caso de separación y aún no estando dada de alta en el registro de cotitularidad, la mujer “tiene derecho a exigir a su cónyuge o herederos una compensación económica por su trabajo realizado y no remunerado por todos los años que ha formado parte de esa unidad familiar agraria”.
También refuerza los sectores agroalimentario, fija población joven en el medio rural y preserva el medio ambiente.
Otro de los retos que se ha marcado la norma es romper el ciclo de masculinización rural del campo, consecuencia de la poca o ninguna participación de las mujeres en estas labores profesionales.
Ahora, habrá más agricultoras cotizantes y, por tanto, los proyectos agrícolas familiares se podrán desarrollar en un régimen de más igualdad y equidad.
