El caso de los cuatro agentes comerciales de la empresa Partec Representaciones que entre febrero y abril de 2012 trabajó como comercializadora de Galp Energía en Ciudad Real, volverá al juzgado en el que se investigó por un fallo procesal: no se dio traslado a Partec en el momento oportuno para que se personara en las actuaciones como responsable civil subsidiaria.
Ese error procesal ha obligado a suspender sin fecha el juicio previsto ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, al que estaban citados esta semana unos cincuenta testigos, la mayoría personas de avanzada edad, víctimas del engaño.
Las partes se han adherido a la solicitud de nulidad de la fiscalía ante lo que el tribunal ha decidido devolver el asunto a instrucción, para que se dé cumplimiento a ese trámite, y Partec designe abogado, lo que retrasará aún más la causa, de 2012 aunque con auto de apertura de juicio oral de 2018.
Las defensas dicen que no ha habido engaño
Los acusados M.A.G., L.A.M., P.L.R. y E.M.G.G., dos hombres y dos mujeres, sí han comparecido (uno de ellos por videoconferencia desde Madrid). Según sus defensas ellos no formalizaron ningún cambio de contrato, lo hizo la empresa para la que trabajaban. Y aseguran que todas las modificaciones que gestionaron para estas personas y por las que recibían una pequeña comisión de no más de diez euros, se hicieron con su consentimieinto.
Una nonagenaria acusa por estafa
No es lo que dicen las acusaciones. El abogado Dionisio Guijarro representa a la única acusación particular en este caso, una mujer de 98 años que acusa a estas personas por estafa. En su caso los cambios de compañía que los acusados hicieron sin su consentimiento o el de su hija le generaron unos costes con dos compañías de luz por importe de 950 euros, por lo que en su escrito de calificación provisional acusa de estafa y pide tres años de cárcel.
Guijarro asegura que la forma de proceder de estas personas era muy intrusiva. En el caso de su representada el agente que fue a su casa, y que ella creyó que era de su compañía de luz, se metió hasta su habitación en busca de facturas.
La fiscalía provincial imputa un delito de falsedad en documento mercantil a los cuatro agentes, por el supuesto engaño a decenas de clientes (unos cincuenta en total), la mayoría personas mayores de barrios humildes de la capital, para conseguir comisiones por cambiarles a Galp.
Se hicieron con facturas con los datos personales
El escrito de calificación de la fiscalía considera acreditado que estas personas visitaban a clientes de otras compañías eléctricas ofreciéndoles mejorar su contrato de luz o gas. Los usuarios les entregaban una factura que se llevaban supuestamente para examinarla y ver las mejoras. En realidad lo que hacían –siempre según la fiscalía- era obtener los datos personales e incluso el número de cuenta bancaria de estas personas para tramitar el cambio de contrato sin su consentimiento.
Cuando el cliente se enteraba se encontraba con que le habían dado de baja de una compañía y de alta de otra, con los consiguientes gastos.
