El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de aprobar con el acuerdo social, sindicatos y empresarios, un Plan de choque para el Empleo Joven, un plan ambicioso en el que se marcan objetivos cuantificables, lo que va a permitir que no sea un brindis al sol, porque estos objetivos facilitan el seguimiento de su aplicación y la evaluación posterior del mismo; y no menos importante viene acompañado de una partida presupuestaria, 2000 millones de euros, para hacerlo efectivo.
En su presentación, la ministra Magdalena Valerio, hablaba de dos aspectos fundamentales, la importancia del Plan para los jóvenes “que son el futuro y el presente” pero también para el país “porque los necesitamos económica y socialmente, apostar por la formación y el empleo joven es apostar por la cohesión social”
El debate territorial que ocupa las primeras páginas de todas las noticias, siendo muy importante no puede obviar que los ciudadanos tienen urgencias que atender, y es lo que hace este gobierno. La política no puede quedar varada ante la irresponsabilidad del secesionismo
Las personas jóvenes son el capital humano más valioso de una sociedad moderna, y sin embargo los jóvenes son unos de los colectivos más vapuleados por la crisis, la flexibilidad laboral que conlleva precarización tiene efectos devastadores sobre un colectivo que necesita de medidas urgentes para revertir la situación que en un número importante de casos los ha llevado a la exclusión social.
Sin entrar en profundidad en los contenidos del Plan de choque que puede consultarse en su integridad en la página del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), es importante destacar que las cincuenta medidas concretas que contiene, repartidas en seis ejes de actuación, abarcan muy diferentes aspectos, desde la orientación y la formación, pasando por crear las oportunidades para favorecer la contratación y el emprendimiento, la puesta en marcha de programas mixtos de formación y empleo, el impulso a los programas de economía social, programas de primera experiencia profesional, o los de retorno del talento que tuvo que salir del país en los tiempos más duros de la crisis. La aprobación de un estatuto de prácticas no laborales (Estatuto del becario) será la garantía del carácter normativo de las prácticas, contando con la protección social adecuada y el apoyo económico necesario durante su realización.
Si buscamos la mejora de la competitividad para alcanzar niveles de crecimiento adecuados que permitan una oferta de empleo estale y flexible, esta no se conseguirá si no dotamos al sistema productivo de los perfiles que necesita, hoy y en el futuro.
Por tanto la formación integral y la cualificación de las personas jóvenes, es vital para tener garantías de éxito en la búsqueda de empleo, y es por ello que uno de los objetivos fundamentales se incrementar la cualificación de estas dotándolas de más competencias profesionales, superando la brecha tecnológica, y dotando a aquellos jóvenes con escasa cualificación de las herramientas necesarias para mejorar sus competencias básicas (lingüísticas y digitales).
Del mismo modo formar en competencias de sectores estratégicos contribuirá a mejorar la competitividad y la eficacia de nuestro sistema productivo.
Con todas estas medidas se pretende reducir la tasa de paro juvenil en 10 puntos en los próximos dos años, incrementar la tasa de actividad, reducir la brecha de género a través de una orientación laboral adecuada: una de las medidas del Plan es contratar a 3000 orientadores socio laborales.
Ahora es necesaria la altura de miras, ante un Plan ambicioso no pueden triunfar las estrategias partidistas, todos tenemos que ponernos manos a la obra y en primer lugar los gobiernos de las comunidades autónomas que tienen que ser cómplices necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.
