Luz verde al anteproyecto de ley sobre Derechos de Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha, que actualizará la norma de 2005

Lanza Toledo
El consejero de Sanidad del Gobierno autonómico, Jesús Fernández Sanz

El consejero de Sanidad del Gobierno autonómico, Jesús Fernández Sanz

Cooperación administrativa, sistemas de pago, comercio electrónico o ventas a domicilio, nuevas regulaciones

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en su reunión de este martes el Anteproyecto de Ley sobre los Derechos de las Personas Consumidoras de la Comunidad Autónoma, un nuevo texto que recoge nuevos derechos en línea con los programas de políticas públicas de protección de las personas consumidoras impulsados por instituciones internacionales y comunitarias.

El consejero de Sanidad del Gobierno autonómico, Jesús Fernández Sanz, ha explicado que esta norma se ha elaborado con el trabajo experto y las aportaciones realizadas por las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, tras dos años de reuniones, análisis y debates.

Este ley se basa en una ya aprobada el año 2005, y se renueva dentro de la intención de dotarla de una provisión de fondos de 100.000 euros en beneficio de las asociaciones de consumidores.

El aspecto más importante es la adaptación a la normativa europea al respecto, para lo cual se ha consultado a organizaciones de consumidores y expertos en la materia.

Ha considerado el consejero que desde la llegada del PSOE al Ejecutivo una de las obsesiones ha sido conseguir la adaptación a las normativas europeas, estrategia en la que también está radicado este anteproyecto de ley.

En su elaboración han participado además direcciones provinciales de Sanidad, la Unidad de Coordinación de Estrategia Económica de la Consejería de Economía, el Instituto de la Mujer, el Consejo de Consumidores, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, empresarios, CERMI, hosteleros o Gas Natural, entre otros.

Las aportaciones se refieren a seguridad de productos, políticas en cuanto a productos defectuosos, cooperación administrativa, sistemas de pago, comercio electrónico, seguros de inversiones, ventas a domicilio, utilización de inmuebles compartidos, cláusulas abusivas de contratos, publicidad engañosa o prácticas comerciales desleales.