La Guardia Civil ha desarrollado una operación mediante un equipo conjunto con Colombia que ha permitido desarticular una organización criminal internacional con la detención de siete personas, cuatro en España, que obligaban a mujeres colombianas a prostituirse en pisos privados en A Coruña, Toledo y Cáceres.
La organización usaba sicarios para extorsionar a los familiares de las víctimas, vulnerables y engañadas con falsas promesas de trabajar como “meseras” –camareras–, por lo que eran trasladadas a España con el único propósito de ejercer la prostitución en pisos privados, llegando a obtener la organización criminal beneficios de entre 25.000 y 35.000 euros por cada una de ellas.
Hay constancia de al menos 50 víctimas en los últimos cuatro años, mujeres de entre 18 y 25 años. En concreto, eran obligadas a entregar pagos mensuales a la organización fruto de su explotación sexual, encargándose los miembros del grupo criminal en Colombia de amenazar e incluso de utilizar la violencia contra los familiares directos de las mismas para acabar con cualquier reticencia de pago por parte de las víctimas.
Según la Guardia Civil, estas extorsiones y coacciones eran llevadas a cabo en Colombia por el conocido grupo criminal ‘Los Pachelly’, con fuertes vinculaciones a otros históricos clanes criminales como el ‘Clan del Golfo’.
A CORUÑA, TOLEDO Y CÁCERES
La ‘Operación Estorque’ ha sido posible por la constitución del primer Equipo Conjunto de Investigación entre España y Colombia. Se inició gracias a la denuncia de una víctima de trata, ahora testigo protegida, si bien la investigación apunta a que habría más de 50 víctimas en los últimos cuatro años.
La víctima que denunció y dio paso a la operación es una mujer que, como las restantes, estaba 24 horas vigilada “bajo llave” en pisos destinados a la prostitución. “Aprovechó uno de los envíos de dinero que tenía que hacer para llamar a una persona”, ha señalado el teniente Félix Durán.
La fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha puesto en valor la relevancia del trabajo del equipo conjunto y ha confirmado que Colombia desde la pandemia de Covid-19 lidera de forma destacada el país de origen desde el que se captan más víctimas, seguido muy de lejos por Paraguay, Brasil, Venezuela, Rumanía y Nigeria.
“Es la persona más valiente que he conocido en mucho tiempo”, ha continuado el investigador, destacando que la organización extorsionó a la familia en Colombia, aunque no así a los niños, que fueron claves a la hora de desarrollar el operativo de liberación. Las víctimas llegaban a pagar cantidades que multiplicaban por diez la supuesta deuda contraída en origen, con la promesa de que iban a trabajar de “meseras” –camareras– en España.
CUATRO DETENIDOS EN ESPAÑA
En España se han llevado a cabo actuaciones en las provincias de A Coruña, Toledo y Cáceres, permitiendo la liberación de tres potenciales víctimas de trata. Se ha detenido a cuatro personas, a las que se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
En Colombia han sido detenidas tres personas, una de ellas considerada el cabecilla y máximo exponente de este grupo criminal, encargado de controlar todas las fases de captación, traslado y explotación de las víctimas. También llevaba a cabo las amenazas y agresiones sobre el entorno de las mujeres. Además, se ha emitido una orden internacional de detención contra otra mujer integrante de la organización asentada en Ecuador.
Al mismo tiempo que se ejecutaban las actuaciones en ambos países, este Equipo Conjunto de Investigación consiguió trasladar de forma segura a España al hijo de una de las víctimas, en coordinación entre las autoridades colombianas y españolas con ONG e instituciones sociales. “La prioridad es la protección de las víctimas y, a partir de ahí, investigar y desarticular la trama”, ha señalado el coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Alfonso López Malo.
En la fase de ejecución de la operación en España, se ha contado con la participación directa de agentes de la Policía Nacional de Colombia (DIJIN), de la misma manera que investigadores de la Sección de Trata de Seres Humanos de la UCO se trasladaron al país sudamericano con el mismo fin.
La ‘Operación Estorque’, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela, se enmarca en el Plan de Actuación de la Guardia Civil contra la Trata de Seres Humanos. Además de agentes de la UCO y la DIJIN, han participado efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Lugo, así como las Fiscalías de España y Colombia.
