La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno retrasará la entrada en vigor de la de la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación. Esta moratoria había sido solicitada por los rectores aunque los sindicatos están en contra.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han precisado a Europa Press que la entrada en vigor se retrasa del 1 de octubre de 2023 al 1 de enero de 2024.
“Retrasamos la entrada en vigor de la cotización de las prácticas”, ha señalado este martes la ministra durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El ministerio de Inclusión añade que, dado que las prácticas formativas suelen hacerse en el segundo o tercer trimestre de los cursos, la nueva fecha no afectará negativamente a los alumnos y permitirá, además, facilitar los trabajos técnicos de adaptación de los centros formativos.
En todo caso, asegura que esta medida, acordada en el diálogo social y recogida en el último bloque de la reforma de pensiones, es “muy relevante” para los estudiantes ya que “permitirá su inclusión en la Seguridad Social desde el primer momento de su vida profesional, independientemente de que las prácticas sean o no remuneradas”.
Asimismo, asegura que será “a coste prácticamente cero” ya que se prevén bonificaciones del 95% al 97%. Por otra parte, añade que se ha ampliado de 2 a 5 años los convenios especiales para poder computar como cotizados períodos de prácticas realizadas con anterioridad.
La reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno incluía que, a partir de octubre, se integrarían en la Seguridad Social los alumnos que realicen prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación o que realicen prácticas académicas externas.
Comisiones Obreras y UGT han criticado la decisión del Ejecutivo de posponer la entrada en vigor de la cotización de las prácticas no laborables en España, algo que consideran un “incumplimiento de compromisos básicos contraídos por el Gobierno con las personas jóvenes”.
“Supone un incumplimiento flagrante de los compromisos contraídos en el diálogo social y aprobados y ratificados por las Cortes Generales para que los jóvenes que dedican tiempo a formarse y a cualificarse puedan tener una mayor productividad después en el mundo laboral”, ha advertido el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.
Para el sindicato, esta moratoria en la cotización de las prácticas “supone una cesión inaceptable a presiones de autoridades académicas y educativas que, de manera desgraciada, de manera lamentable, vienen intentando evitar este nuevo derecho por razones injustificables”.
