El fiscal del Tribunal Supremo (TS) Álvaro Redondo ha emitido un informe donde se opone a que el alto tribunal investigue a Carles Puigdemont por terrorismo, contestando así a la exposición razonada que envió al TS el juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruye ‘Tsunami Democràtic’, Manuel García Castellón, para que imputara al ex presidente catalán por estos delitos.
Según ha avanzado ‘El Confidencial’ y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, Redondo sigue la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que recurrió el paso dado por el juez instructor al considerar que no existían indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y que los hechos no eran constitutivos de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves.
Sin embargo, las mismas fuentes explican que el informe aún no es definitivo porque debe someterse al examen de la junta de fiscales de lo penal del TS, algo que está previsto para el próximo martes. En el caso de que haya criterios opuestos, se impondrá el de la mayoría, apuntan.
Una vez emitido el informe definitivo de la Fiscalía del Supremo, el magistrado Juan Ramón Berdugo –como ponente del asunto– será el encargado de proponer a la Sala de lo Penal del alto tribunal si procede o no su admisión.
Fue el pasado noviembre cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 dirigió la causa contra Puigdemont y, poco después, elevó una exposición razonada al Supremo pidiendo que le imputara por terrorismo, dado que el líder independentista está aforado ante este tribunal.
PUIGDEMONT, EN EL “VÉRTICE”
En un escrito de más de 100 páginas, García Castellón argumentó que existen “indicios” de la participación de Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas en la comisión de hechos “susceptibles de integrar un delito de terrorismo”.
El magistrado situó a Puigdemont en el “vértice más alto de la organización” de Tsunami Democràtic, indicando que su posición como ex president y “líder desde Bruselas del independentismo le atribuye una posición de autoridad incuestionable”.
Entonces, se basó en los mensajes a través del móvil entre su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, y el empresario Jesús Rodríguez, las anotaciones de la agenda del primero o el impulso de Puigdemont a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma de Tsunami Democràtic.
García Castellón explicó que para “el esclarecimiento de los hechos” era necesaria la práctica de diligencias de investigación que no podía llevar a cabo dada la condición de aforado tanto de Puigdemont como del diputado del Parlament de Cataluña Rubén Wagensberg, contra el que también dirigió la causa.
EL INSTRUCTOR SE RATIFICA
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió esa primera decisión de dirigir las pesquisas contra Puigdemont al entender, por un lado, que no hay indicios “suficientes” contra él y, por otro, que la AN “no es competente” para investigar el caso porque los hechos no serían terrorismo sino desórdenes públicos agravados.
Este enero, el instructor rechazó el recurso de reforma presentado por la Fiscalía contra la petición al TS, alegando que las últimas diligencias practicadas hasta la fecha han permitido “consolidar la hipótesis inicial”.
Cabe recordar que en esta causa la Audiencia Nacional investiga si Tsunami Democràtic orquestó los disturbios que se desataron en el otoño de 2019 como reacción a la condena dictada por el Supremo contra el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros líderes del ‘procés’.
