Quienes gobiernan nuestro país, parecen usar todo cuanto tienen a su alcance para conseguir sus objetivos. Aunque aquello que está relacionado con los derechos o con los sentimientos de las personas, debería quedar fuera del tráfico político que hoy utilizan sin ningún pudor. Entre otras cosas, no se debería permitir disponer del derecho a la igualdad de todos los españoles.
Lo ocurrido esta semana en el Congreso, pone de manifiesto que vivimos tiempos recios —como diría Santa Teresa— y de absoluta inestabilidad política en la recién iniciada legislatura. Se pretendían convalidar tres decretos-ley que el gobierno había aprobado y que, de no ser ratificados por la Cámara Baja, decaería su vigencia causando un vacío legal y presupuestario.
En una esperpéntica y desquiciada negociación con Junts per Catalunya, el gobierno convalidó dos de ellos con la abstención de los separatistas catalanes. Pero el tercero, elaborado por la Vicepresidenta, Yolanda Díaz, al oponerse los cinco diputados de Podemos, no fue ratificado, decayendo su vigencia y produciendo el vacío normativo que ello ha ocasionado.
La precipitada negociación con Junts, llevó al gobierno a ceder, entre otras, las competencias del Estado sobre inmigración a Cataluña. Esta delegación no solo puede ser inconstitucional —el Tribunal Constitucional, así la declaró en 2010—, sino que plantea una situación de insolidaridad entre autonomías. Y, además, algunas, como el País Vasco, ya las han reclamado.
La situación migratoria en Canarias es la más grave de toda España, por lo que no se entiende el apoyo que ha dado Coalición Canaria a estos decretos-ley, sin tener en cuenta sus consecuencias. Esta cesión podría dificultar la distribución a otras comunidades autónomas, de los muchos emigrantes irregulares que reciben las islas y que representaron, en 2023, el 60% del total nacional.
El grupo político con el que se ha acordado ceder la inmigración es considerado supremacista y xenófobo. Esta decisión rompe la unidad de actuación del Estado sobre esta materia, que puede infringir las normas y los acuerdos suscritos por España con algunos países y organismos internacionales. Y no queda claro cómo será el control de fronteras, el derecho de asilo o los movimientos migratorios interiores.
Manifestando su enfado, el señor Page, decía que “ningún Estado puede renunciar a las políticas de inmigración”, que “si lo pidiera VOX, todos se rasgarían las vestiduras”, y concluía “que la política y el interés partidista no acabe con las oportunidades que tiene España como país”. Con ello censura la actuación de su partido y del gobierno central, cuestionando esta cesión.
Cuando un gobierno es débil, se utiliza aquello que, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, se llamó la geometría variable. Que no era otra cosa que alcanzar acuerdos puntuales con los grupos que podían apoyar sus propuestas según sus necesidades. Pero en esta ocasión se ha convertido en algo peor. Una legislatura de previsible inestabilidad permanente.
Un pacto de investidura no sirve para gobernar, se requiere algo más. Lo deseable es un pacto de gobierno, respaldado por una mayoría en el Congreso, que no necesite de apoyos externos para aplicar sus políticas. Cuando esto no es posible, se han de buscar apoyos ajenos al gobierno, como un pacto de legislatura que garantice la gobernabilidad, durante ese periodo.
Pero el actual gobierno solo alcanzó un pacto de investidura y otro de gobierno minoritario entre PSOE y SUMAR. Y esa minoría inicial se ha reducido todavía más con la escisión de Podemos, que estaba integrado en la coalición de Yolanda Díaz. Al carecer de un pacto de legislatura, tiene que ir alcanzando acuerdos puntuales para poder gobernar, lo que dificulta su gestión.
Pero el escollo más importante es el de los presupuestos que cada año se deben aprobar. La precariedad parlamentaria dificultará dicho trámite. Y lo que es peor. Dada la facilidad del gobierno para hacer concesiones y con la proliferación de grupos que le permitirán aprobarlos, seguramente le exigirán cuantiosas contrapartidas económicas para apoyarlos.
Además, estos pactos se suelen alcanzar con partidos afines ideológicamente para que faciliten una mínima estabilidad. Pero en esta legislatura se ha negociado con grupos muy heterogéneos, con programas políticos distintos, y a veces totalmente contradictorios. Si no lo son por razones ideológicas, lo son por intereses territoriales, incluso por grupos abiertamente separatistas.
Salvador Illa, dirigente del PSC, ha declarado, tras la atropellada votación del miércoles pasado, que hay partidos a los que “les gusta convertir cada votación en un Vietnam”. En alusión al espectáculo belicoso ofrecido por los líderes separatistas que, de esta forma, han puesto en escena su liturgia antiespañola.
El gobierno y quienes lo apoyan, justifican su debilidad diciendo que es la hora de la política, obviando el Estado de derecho, la Constitución y las leyes, para aplicar sus políticas sin control alguno. Y eso es lo que han hecho con esta concesión.
Aunque es posible que haya otros motivos para actuar de esta forma, que ahora desconocemos, pero que algún día serán públicos.
*Licenciado en Derecho
