14 años para la madre acusada de prostituir a su hija discapacitada y para cuatro de sus abusadores

Belén Rodríguez Ciudad Real
La madre condenada por prostituir a su hija a la salida de la Audiencia en el último día del juicio / Clara Manzano

La madre condenada por prostituir a su hija a la salida de la Audiencia en el último día del juicio / Clara Manzano

El quinto acusado, un octogenario, ha sido condenado a 7 años, por los delitos de prostitución y abuso sexual. “La sentencia de La Manada y las presiones sociales nos han perjudicado; en este caso no hay prueba, la instrucción fue un desastre y vamos a recurrir”, dice Ángel Luis Romero, abogado de uno de los acusados

La sección primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha dictado una contundente sentencia en el caso de la menor discapacitada prostituida por su propia madre en un pueblo de la comarca de Puertollano: 14 años de prisión para la progenitora, M.A.E.G. y los mismos para cuatro de los presuntos abusadores, J.C.G.R., J.M.R., F.R.G y F.J.L.V, por los delitos de prostitución (cinco años a cada uno) y abuso sexual con acceso carnal a menor de 13 años (nueve, en el caso de la madre como cooperadora necesaria).

Para el quinto imputado, el octogenario D.G.G., la condena es de 7 años porque se supone que no llegó a mantener relaciones sexuales completas con la niña, de 20 años ahora pero de siete mentales.

Los cuatro acusados condenados a 14 años, como la madre, en la Audiencia, uno de ellos con su abogado / Clara Manzano

Los cuatro acusados condenados a 14 años, como la madre, en la Audiencia, uno de ellos con su abogado / Clara Manzano

Influidos por la sentencia de La Manada

“Está claro que la sentencia de La Manada, las presiones sociales y del propio ministro de Justicia nos han perjudicado. No hay prueba, sigo pensando que la instrucción fue un desastre y vamos a recurrir. Llegaremos hasta donde haga falta porque en el caso de mi representando consideramos injusto el fallo”, ha explicado a Lanzadigital.com Ángel Luis Romero, abogado F.L.L.V., “al que la niña ni siquiera menciona en la exploración del equipo psicosocial”.

El tribunal, presidido por la presidenta de la Audiencia de Ciudad Real María Jesús Alarcón, votó el fallo el jueves pasado, “el mismo día que la sentencia de La Manada”, subraya Romero, que está preparando con su cliente el recurso ante el Tribunal Supremo (al ser hechos anteriores a 2013 no tienen que pasar primero por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha).

La pena impuesta por el tribunal coincide con la petición de la fiscalía, excepto en el caso de D.G.G., y se basa sobre todo en el testimonio de la víctima, con una discapacidad intelectual del 75% en estos momentos y tutelada por su hermana mayor que denunció el caso en 2014.

Cuatro años de abusos

La sentencia de la Audiencia Provincial considera probado que entre 2010 y hasta 2014 la acusada M.A.E.G. prostituyó a su propia hija, menor y discapacitada (tenía entre 12 y 13 años cuando empezó), a cambio de dinero, tabaco o regalos de poca monta, y que los cinco abusadores fueron los ya condenados que se aprovechaban de la gran y evidente discapacidad de la chica, además de la situación de miseria en la que vivía la familia, para hacer con la niña lo que les venía en gana con la colaboración de la madre.

No da los nombres de los abusadores

Contra el testimonio de la niña, a la que no se interrogó directamente en el juicio por las limitaciones de su discapacidad, pero que sí dio nombres y detalles en la exploración del equipo psicosocial, las defensas alegaron en el juicio que algunos de esos nombres no salieron espontáneamente de la menor, sino inducidos por las peritos del informe psicosocial Cristina Pozo e Isabel Herrera. También cuestionaron en el juicio (Romero lo sigue haciendo sentencia en mano) que se pueda determinar quién de los acusados hizo qué cosa, “no es lo mismo un abuso sexual con acceso carnal que un tocamiento”.

Reconocimiento parcial de los hechos

La fiscalía sin embargo insistió en la jornada final del juicio, celebrado en las primeras semanas de abril, que no se ha vulnerado ningún derecho de defensa, pese a que la menor no haya declarado directamente, y esgrimió como carga probatoria tanto los testimonios de la discapacitada y la hermana que denunció, como del “reconocimiento parcial” de los hechos por parte de los acusados, que en el juicio han admitido mantener contacto con la niña y la familia.

La sentencia todavía no es firme. Ninguno de los seis acusados en este caso han estado en prisión preventiva.