El presidente regional de la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (APROCA), Luis Fernando Villanueva, ha solicitado a la Consejería de Desarrollo Sostenible la ampliación de la temporada de caza más allá del 8 de febrero, con el fin de que el sector pueda compensar las pérdidas comerciales que están registrando en esta atípica campaña vertebrada por el coronavirus.
Al parecer, la organización ha enviado una carta a la Administración regional en la que pide que amplíe la veda “mínimo hasta marzo”, para así reparar en parte el “desastre medioambiental” que ha sobrevenido en el actual periodo hábil de caza.
Una de las consecuencias más negativas para el sector de las orgánicas es la escasa llegada de cazadores de otros países, especialmente a la provincia de Ciudad Real, por las limitaciones en los movimientos entre países y el coto al ojeo de perdiz.
También se están suspendiendo las convocatorias de otra de las modalidades más características de la temporada cinegética como son las monterías, también por las barreras entre comunidades, aunque en la región esté permitida desde el día 27 de noviembre la entrada de cazadores de otras regiones, a pesar del cierre perimetral.
Se permite tanto para la caza mayor como el jabalí o el ciervo, como para el conejo.
Con todo, hay una “preocupación grande” porque, a juicio de Villanueva, la actividad será interrumpida en las fechas navideñas, y “seguiremos perdiendo prácticamente todas las monterías”. Este escenario lleva, ha dicho, al descontrol de las poblaciones -que han criado bien este año- y a los daños que puedan ocasionar en el medio ambiente, además de los accidentes de tráfico que ya están provocando.
Igualmente, otros efectos añadidos son la caída de actividad en el empleo en las comarcas más cinegéticas, que está llevando “al despido de personal” y a una drástica disminución de “los jornales que la caza genera”, ha lamentado Villanueva.
La venta de la carne silvestre es otro de los lastres del sector, pues este alimento apenas tiene precio en las lonjas y “prácticamente se regala”. Las restricciones en el canal de Hoteles, Restaurantes y Cafeterías (HoReCa) a nivel nacional pero, sobre todo, en el ámbito internacional ha sido uno de los principales obstáculos para su promoción y venta, según Villanueva. El presidente de Aproca deplora este balance porque las salidas de este producto tienen una importante repercusión económica a la hora de sumar unos “ingresos vitales para el mantenimiento de cotos”.
Precisamente, la Fundación Artemisan, vinculada a Aproca, ha iniciado un estudio comparativo entre la pasada temporada y la actual para consignar las pérdidas de una actividad que atrae a miles de aficionados. Castilla-La Mancha cuenta con 100.000 licencias de caza, entre un 15% y un 20% pertenecientes a la provincia de Ciudad Real.
Cabañeros: una sinrazón
Respecto a la inminente entrada en vigor, este mismo sábado 5 de diciembre, de la prohibición de practicar la caza comercial en el parque nacional de Cabañeros para dar cumplimiento a la Ley de Parques Nacionales de 2014, Villanueva lo ve “una sinrazón”.
Señala que el sector se está movilizando y la Fundación Artemisan emitirá este viernes un comunicado acompañado por un vídeo para denunciar la medida. “La caza ha formado parte de la historia del parque y además genera beneficios en el entorno”, ha defendido el dirigente cinegético, a la vez que ha reparado en el alto coste de las indemnizaciones –de unos 300 millones de euros- a los titulares de las fincas. Por ello, ha visto contradictorio que después de las compensaciones “también les ayuden para controlar a las reses”.
Al parecer, el PP -que viene defendiendo esta línea, ha registrado recientemente una proposición no de ley para prorrogar por otros tres años como máximo la caza en dicho espacio.
Villanueva reconoce que “no se puede cazar en todos los parques nacionales”, pero “sí” en los que hay densidad de ungulados silvestres “para el control de sus poblaciones”.
