Jueces y fiscales de toda España, que llevan más de un mes de paros parciales para exigir al Ministerio de Justicia un cambio general de rumbo que contemple mejoras, secundarán el próximo martes una huelga histórica y mayoritaria que amenaza con paralizar la actividad judicial.
En un clima de creciente malestar, evidente en los juzgados de Ciudad Real y de la provincia, las siete asociaciones profesionales le quieren decir basta al ministerio que dirige Rafael Catalá y lo hacen convocando una huelga conjunta, algo insólito hasta ahora en España (también hubo huelga de jueces en 2009 y conjunta de fiscales y jueces en 2013, pero no convocaban todas las asociaciones).
Falta de medios personales y materiales
¿Cómo se ha llegado a esta situación? El sector lleva años denunciando falta de medios personales y materiales, que se han agravado con la implantación del expediente digital, la nueva oficina judicial (Ciudad Real fue una de las ciudades pioneras) o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fijó plazos de instrucción de las causas penales (entre seis y dieciocho meses, dependiendo es de sí el procedimiento es simple o complejo), inasumibles porque se han impuesto sin reforzar las plantillas o crear más juzgados.
Deterioro de la independencia
“Vamos cada vez a peor y las cargas de trabajo son brutales”, resume la jueza decana de Ciudad Real Isabel Serrano. La magistrada, que ha participado en una nueva concentración de protesta en los juzgados de la capital con la mayoría de jueces y fiscales, explica que lo fundamental “es la falta de medios y que cada vez el poder judicial es menos independiente”.
En Ciudad Real, una provincia en la que no se crea un juzgado nuevo desde hace ocho años, la sensación general es que la huelga la harán la mayoría: “Estamos aquí para defender la ley y los derechos de los ciudadanos, y si eso no se nos permite ¿para qué está la justicia”.
En cuanto a las mejoras salariales, Serrano explica que son secundarias, pero también importantes, “como cualquier ciudadano creemos tener derecho a un salario digno acorde a las responsabilidades que tenemos y poder desempeñarlo en las condiciones adecuadas, algo que ahora no pasa por las cargas imposibles de asumir”.
Sólo en Ciudad Real capital se consideran necesarios al menos cuatro juzgados más, dos de instrucción y primera instancia, un penal más y otro social.
Autonomía presupuestaria
Escarlata Gutiérrez, fiscal de la sección territorial de Manzanares no está adscrita a ninguna asociación profesional pero irá a la huelga, lo que da idea de cómo ha cundido el malestar en la profesión. “Nosotros asumimos como propias todas las reivindicaciones de los jueces y además queremos mayor autonomía presupuestaria y que se refuerce nuestra independencia”.
Gutiérrez hace especial hincapié en la derogación de los polémicos plazos de instrucción, “imposibles de cumplir en las condiciones en las que trabajamos”, matiza; que la formación de los fiscales dependa de la Fiscalía General del Estado, “algo que ahora no ocurre”, y salarios dignos y acordes a la responsabilidad: las guardias se pagan a 80 céntimos.
