El envejecimiento de la población está tirando al alza de las incapacitaciones de adultos por discapacidad intelectual, en muchos casos de edad avanzada, en Castilla-La Mancha. En un año los tutelados por la administración, a través de fundaciones y bajo la supervisión de la Fiscalía Superior regional han pasado de 1.100 a 1.321, según datos divulgados hoy en la reunión anual de la Comisión de Tutela y Fundaciones de Castilla-La Mancha.
El encuentro, en la fiscalía de Ciudad Real, lo ha presidido la fiscal delegada de la Sección Civil de la Fiscalía autonómica Carmen Mendiola, teniente fiscal en Ciudad Real, y ha abordado entre otras cuestiones las pautas para garantizar que todas esas personas incapacitadas puedan ejercer su derecho a voto en las elecciones autonómicas y municipales de mayo del año que viene, un derecho que hasta ahora dependían de la decisión de un juez o un tribunal.
Derecho a voto reconocido por ley
Desde el 5 de diciembre de este año una reforma de Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) suprime los apartados de su artículo tercero por el que se establecía que carecían del derecho al voto “los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme” así como “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial durante el período que dure su internamiento”.
El nuevo texto señala que “toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera”. Y de eso han hablado con la fiscalía los representantes de las seis fundaciones que se encargan de tutelar a personas incapacitadas.
Otros asuntos del orden del día han sido el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, medidas para evitar que el procedimiento de discapacidad sea una solución cuando el problema es social y la remuneración del tutor después del fallecimiento del tutelado, la puesta en conocimiento de la fiscalía del uso de bienes del tutelado.
Internamientos no voluntarios
Los internamientos no voluntarios con toda la problemática que llevan aparejados, la afectación por síndrome de Diógenes y la problemática con las entidades bancarias para la activación de tarjetas, además de la negativa de los tutelados a recibir tratamiento médico, han sido otras cuestiones departidas en Ciudad Real.
Intervención del fiscal superior
El fiscal superior de Castilla-La Mancha José Martínez Jiménez ha intervenido por videoconferencia desde Albacete (no ha podido asistir como todos los años) para dar la bienvenida a los representantes de las fundaciones tutelares, “estos encuentros nos permiten compenetrarnos con el trabajo, creo que se puede llegar a soluciones para resolver problemas, aunque en otros casos tengamos que llegar solo hasta donde sea posible”.
El fiscal jefe de Ciudad Real Luis Huete también ha transmitido “el máximo compromiso de la fiscalía con las fundaciones”, y ha alentado a sus responsables a actuar con total libertad.
Las seis fundaciones tutelares de Castilla-La Mancha
A la Comisión de Tutela de Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, pertenecen seis fundaciones: Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha (Futucam), para la tutela de personas con discapacidad psíquica y a personas con diagnóstico dual; Fundación Madre, para la tutela de personas con enfermedad mental y personas con diagnóstico dual; Fundación Familia, también para la tutela de personas con enfermedad mental y personas con diagnóstico dual (solo para Albacete), Fundación Mayores, para la tutela de personas mayores de 65 años, cualquiera que sea su incapacidad, Fundación Fundace, para la tutela de personas con daño cerebral sobrevenido y la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, para la tutela de las personas con enfermedad mental, diagnóstico dual o conductas adictivas.
Esta comisión “teniendo en cuenta las circunstancias personales, y siempre que no exista ningún familiar o no se consideren idóneos para asumir la tutela”, explica la Junta de Comunidades en su página web, propone al juzgado que tramita el procedimiento de incapacitación la fundación tutelar idónea para el ejercicio de la tutela o curatela de la persona incapacitada, todo ello bajo control de la fiscalía que se encarga de velar porque se cumpla la legalidad y se no produzcan abusos.
