Marco Reina, condenado a 3 años de cárcel por la administración desleal del grupo Andamarc

Belén Rodríguez Ciudad Real
Marco Reina y Daniel Ribas, en una de las sesiones del juicio / Clara Manzano

Marco Reina y Daniel Ribas, en una de las sesiones del juicio / Clara Manzano

La pena que le impone la sección segunda de la Audiencia Provincial es más alta que la que pidió el fiscal. El promotor de la residencia deberá indemnizar al actual propietario con más de un millón de euros "por daños y perjuicios"

La sección de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a tres años de cárcel (en principio ingresaría en prisión) al conocido fisioterapeuta y empresario de Ciudad Real Marco Reina.

La sala lo considera culpable de un delito continuado de administración desleal durante los años 2010-2013, en los que estuvo al cargo de la promoción y puesta en funcionamiento de la residencia de mayores Andamarc, ahora propiedad del empresario de Valdepeñas Alfonso Manzanares.

Más dura que la calificación de la fiscalía

La sentencia, que se ha notificado esta tarde a las partes, es más dura respecto a Reina de lo que fue el fiscal jefe Luis Huete al final del juicio (rebajó a un año y medio la solicitud de condena por un único delito de administración desleal),  le impone el pago de la mitad de las costas procesales y fija un indemnización “por daños y perjuicios” al grupo Andamarc de un millón de euros.

Todavía se puede recurrir

El fallo, que todavía no es firme, aplica la atenuante de dilaciones indebidas tanto para Reina como para su socio en el inicio del proyecto, el arquitecto Daniel Ribas. Para este último, que devolvió sus acciones al actual propietario y se considera que reparó el daño, la condena por administración desleal ha sido de cuatro meses.

El tribunal discrepa de la fiscalía en que considera probado que existe un delito continuado de administracion desleal, que dura en el tiempo tanto en la primera obra, como en la ampliación de vivienda tutelada, en vez de un único delito como calificó la fiscalía.

No hubo estafa como sostuvo la acusación

En cuanto a la calificación de estafa que pedía la acusación particular ejercida por Alfonso Manzanares, la sala entiende que no hay base para ello, ni tampoco para la apropiación indebida.

Los hechos que el tribunal considera probados

El tribunal considera probado que Marco Reina, Daniel Ribas y un tercer socio Antonio Izquierdo, que terminó vendiendo sus acciones, constituyeron en el año 2010 una sociedad con 3.000 euros de capital inicial para promover la construcción de una residencia de mayores con servicios sanitarios y sociosanitarios a la que llamaron Andamarc (siglas de sus tres nombres).

Los administradores no cobraban

En ese mismo acto (16 de junio de 2010) fueron nombrados administradores únicos Reina y Ribas, “cargo por el que no percibirán retribución alguna conforme al artículo 21.A de los estatutos”, dice textualmente el fallo.

Ese mismo año obtuvieron una concesión administrativa del Ayuntamiento de Ciudad Real para construir la residencia, frente al Hospital General,  que ampliaron después en una segunda fase de obra para crear un centro de día y plazas para personas con discapacidad.

En 2011 hicieron sucesivas ampliaciones de recursos hasta que el capital social ascendió a 3.300.020 euros con el siguiente reparto porcentual del accionariado: Daniel Ribas 22,71% (ya ha devuelto a los querellantes sus acciones), Marco Reina con el mismo porcentaje, Antonio Izquierdo 0,03%, Montajes Eléctricos Crescencio Pérez 4,54% y la mercantil Manzanares Barchino y el propio Alfonso Manzanares, el dueño actual, con  un 46,97% y un 3,03%, respectivamente.

Ese mismo año se firmó un préstamo con Globalcaja por el 60% de la tasación (algo más de nueve millones de euros), y con unas condiciones entre las que se incluía que el resto del capital (40%) debería estar pagado antes de la firma, que la entidad financiera supervisaría el pago de las facturas y que los administradores y socios “no podían cobrar”.

A partir de julio de ese año empezó la promoción real del proyecto. Reina firmó  el contrato de ejecución de obra con la empresa Encoman S.L., con un precio cerrado de algo más de siete millones de euros, pero los administradores se reservaron una serie de partidas para subcontratarlas con otras empresas acreditadas del sector, en concreto control técnico, equipamiento de cocina y lavandería, y equipamiento genérico.

Sobrecostes a cuenta de su propia sociedad

Esas partidas de obra fueron subcontratadas por la constructora a nueve sociedades que los acusados habían constituido sin el conocimiento del resto de sus socios, y a través de las cuales lograron facturar sobrecostes desproporcionados a su propia sociedad, Grupo Andamarc, de la que también eran administradores solidarios.

En los siguientes meses la sala considera probado que esas partidas de obra fueron subcontratadas a nueve sociedades que los acusados habían constituido sin el conocimiento del resto de sus socios, y a través de las cuales lograron facturar sobrecostes desproporcionados a su propia sociedad, Grupo Andamarc, de la que también eran administradores solidarios.

El tribunal entiende que también cobraron de la sociedad cuando lo tenían prohibido por sus propios estatutos.