La actual directiva de Electro Distribución de Almodóvar del Campo, la sociedad familiar que distribuye la electricidad en el casco urbano del municipio (se encarga del mantenimiento de las instalaciones, a cambio de un canon anual del Gobierno de un millón de euros), sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Ciudad Real por gastos desorbitados en comidas, hoteles y viajes, al anterior director gerente Miguel L.M. (2011-2013) y su padre Francisco L.R., consejero delegado de la sociedad (2009-2013), acusados de competencia desleal.
Los nuevos directivos elevan a 100.000 euros presuntos gastos sin justificar de padre e hijo en una decena de localidades de España e incluso en Andorra, que no casan ni con el objeto social ni con la actividad de la empresa, en especial entre los años 2012 y 2013, y piden seis años de prisión para ambos.
Acusaciones cruzadas
Los acusados a su vez acusan de falsear las cuentas a los tres miembros actuales del consejo de dirección de la sociedad, Juan J.A., Enrique R.R. y Francisco R.B., un delito que la fiscalía no cree que se haya cometido. En el caso del padre y el hijo el ministerio fiscal si ve administración desleal, solo que circunscribe los gastos sin justificar a 31.405 euros, y pide dos años de prisión para los acusados.
“Todos los gastos están justificados”
Miguel L.M., el principal acusado, se defiende argumentado que “todos los gastos son de empresa y están justificados”. Al parecer los viajes, comidas y gastos en Ave y hoteles en su caso entre 2011 y 2013, los hizo en funciones de representación o para “negociar” con proveedores, incluidas cenas un sábado por la noche en uno de los mejores restaurantes de Ciudad Real o en plena Semana Santa en otro restaurante de Valencia, e incluso en otro de los mejores restaurantes de Toledo.
Tarjetas de empresa
Para esas gestiones tanto el acusado como su padre disponían de tarjeta de empresa sin límite de gastos. De cada gestión, aunque sin especificar según le achacan las acusaciones, pasaban las facturas, que luego supervisaba el consejero delegado, en el caso de este acusado, su padre, hasta que ambos fueron despedidos en una junta de accionistas en 2013.
Casi 11.000 euros en restaurantes en un año
El detalle de los pagos en las tarjetas ha permitido rastrear gastos en 2012 por 24.748 euros la mayor parte en restaurantes (10.720 euros) y hoteles (5.665 euros); además de billetes de Ave (1.729 euros), embutidos (4.385 euros), bebidas (675 euros) y los 1.571 restantes en toros, taxi y programas informáticos.
Al año siguiente aparecen en las tarjetas 6.657 euros, de los que la mayor parte son gastos en comidas en restaurantes, 3.542; 1.686 en hoteles, 751 en billetes de Renfe, 16 en licores y 659 en otros conceptos.
Sueldo anual de 57.000 euros
José Antonio Ocaña, el abogado de la acusación particular, ha sacado a colación en el juicio que el exgerente, al que nombró su padre, cobraba al año 57.000 euros de sueldo “no se sabe muy bien por qué, cuando había una administradora, una empresa externa que llevaba la contabilidad y una comercializadora”.
Querella ante la falta de explicaciones
El caso, que se juzga ahora en la Audiencia, se judicializó en 2014. Llegó un momento entre los años 2012 y 2013 que a los otros accionistas de la empresa les llamó la atención estos cargos “excesivos” en viajes a Madrid (el exgerente dice que hizo un máster por el que se alojaba dos veces en semana allí), Calpe, Valencia, Marbella, Salamanca, Sevilla, Guadalajara, Andorra la Vella o Alcázar de San Juan, entre otros, y les pidieron explicaciones. No las dieron y los otros socios promovieron su despido como administradores, “la querella fue el último recurso ante su falta de explicaciones”, afirma el letrado.
Desavenencias familiares
Los acusados dicen que la querella responde a una maniobra de los otros tres socios, con los que tienen vínculos familiares, por desavenencias previas de herencias. “Nunca jamás el consejo de administración de la empresa ha aprobado qué gestiones se podían cargar a la cuenta de la sociedad, todos los miembros estábamos al tanto de lo que se gastaba y en qué”, ha argumentado Francisco L.R.
“Todo se resume a un enfrentamiento familiar”, ha insistido Francisco al final de su interrogatorio. Este acusado no se explica que siendo el accionista mayoritario ahora, con el 41% del capital social, “se me haya apartado del control”. El resto de miembros son hermanas del acusado y otra persona no vinculada a esta familia.
El juicio continua este jueves con la intervención de los peritos que hicieron la auditoria forense a petición de los querellantes.
