Las rencillas políticas entre PSOE, PP y Ciudadanos por Alcázar (CxA), tras la llegada al gobierno municipal de las dos últimas formaciones en 2011, han sentado este miércoles en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Ciudad Real a dos técnicos municipales, uno de la empresa Aguas de Alcázar (entonces enteramente municipal) y el otro del Ayuntamiento, acusados de falsedad documental.
La fiscalía los responsabiliza de certificar en octubre de 2009 unas obras municipales de mejora de las condiciones higiénicas y eliminación de barreras arquitectónicas del recinto ferial en el que se asienta el mercadillo, que ni siquiera habían comenzado, aunque se terminaron ejecutando un tiempo después, y pide para ellos 3 años y tres meses de cárcel.
Firmaron por presiones, para no perder una subvención
¿Y por qué lo hicieron? Según han explicado hoy en el juicio por “presiones” (de nadie en concreto) para no perder una subvención, sin cuyos fondos hubiera sido imposible acometer la obra (de unos 400.000 euros), y sin ser conscientes de que cometían un delito por los diferentes filtros por los que pasan este tipo de operaciones, intervención, alcaldía, etc.
Uno de los acusados, el aparejador municipal, ha explicado ante el tribunal que juzga el caso que ni siquiera conocía la obra ni el expediente cuando firmó la acreditación, que redactó Aguas de Alcázar en el mes de octubre de 2009. Meses antes, en julio, se vio que era imposible por la complejidad de los trabajos (en parte para impedir que se inundara el ferial) acometerla en el tiempo estipulado para recibir los fondos de la subvención.
Un precio personal muy alto
Los acusados, que se sienten víctimas de una venganza contra el exalcalde Sánchez Bódalo, consideran que han pagado “un precio muy alto” por cometer “una negligencia, no un delito”, y han pedido la libre absolución a través de sus abogados.
Demetrio Ayala, el abogado del aparejador, considera “desproporcionada” la calificación jurídica del caso, que no ha supuesto perjuicio para nadie, excepto el escarnio de los acusados, puesto que la obra se hizo para beneficio de la ciudadanía de Alcázar. El letrado ha citado jurisprudencia de casos similares de las Audiencias de Burgos y Jaén en los que se ha absuelto a los responsables. Además ha solicitado al tribunal que se apliquen como eximentes “el cumplimiento de órdenes recibidas” y dilaciones indebidas.
Sánchez Bódalo: “No habido ningún perjuicio al interés general”
José Fernando Sánchez Bódalo, contra el que se dirigió la querella criminal que dio pie a este caso, ha declarado como testigo para incidir ante el tribunal en que “no ha habido ningún perjuicio al interés general”. Y si bien ha reconocido que la forma administrativa de acceder a la subvención “puede que no fue la correcta”, ha argumentado que lo importante es que la obra se hizo, “hubiera sido un despropósito por parte del Ayuntamiento perder la subvención”.
Audio de la intervención de Sánchez Bódalo (escuchar con auriculares, es sonido ambiente de la sala)
Tres fuentes de financiación distintas
La obra inicial de mejora en el recinto ferial y eliminación de barreras se concretó al final en tres, por un lado un colector para evacuar las aguas fecales del ferial, además del soterramiento de una línea eléctrica para dar más potencia a un nuevo barrio, y la supresión de barreras arquitectónicas. “Era una partida única presupuestariamente que tenía tres fuentes de financiación y cada una con sus plazos, compaginar todo eso era lioso desde el punto de vista administrativo”, ha dicho.
Además ha insistido en que no hay nada irregular o distinto de cómo se hizo esta obra, “los técnicos han hecho su trabajo siempre igual. En muchas ocasiones se certifican obras por acometer como actos preparatorios o a cuenta de”, ha subrayado.
Respecto a si ordenó directamente a los técnicos certificar esas obras ha dicho que no, que en esa época tenía delegadas las funciones, que llevaban los Servicios de Obras.
En el juicio también ha declarado el que fuera concejal del Ciclo Hidráulico Benito Montiel, que también tenía delegadas sus funciones en el Ayuntamiento puesto que compaginaba la concejalía con responsabilidades en una dirección general en la Junta de Comunidades, en Toledo, y no estaba en el día a día del Ayuntamiento.
También ha testificado Javier Azaña, director de gestión de Aguas de Alcázar entonces, que ha negado haber presionado a nadie para que firmara las certificaciones. “Yo trabajaba en las oficinas, no visitaba las obras”.
El Estado debe proteger la verdad
En su informe final el fiscal del caso ha reconocido que si bien la obra se hizo, “el Estado no se puede mantener ajeno a la protección de la verdad”, y sostiene que hubo falsedad en documento mercantil y eso es delictivo.
Además de a tres años y tres meses de cárcel, los acusados se enfrentan a penas de multa de veinte meses con cuota diaria de 20 euros, e inhabilitación especial de cuatro años para el empleo o ejercicio de un cargo público.
El juicio ha quedado hoy visto para sentencia.
