J. Y. Ciudad real
La situación social y política de Colombia dentro del marco de la confrontación violenta que preside el país desde hace 50 años centrará las VII Jornadas Interuniversitarias de Cooperación al Desarrollo: Derechos Humanos en Colombia que acoge este jueves el campus universitario capitalino.
En declaraciones a Lanza, Nelson Restrepo, presidente del Centro Internacional para la promoción e Investigación de los Derechos Humanos (CINPROINDH) y Claudia Mejía, presidenta de la organización feminista Sisma Mujer, expusieron los retos presentes y futuros en la evolución del conflicto y su repercusión en la población civil y en el ámbito socioeconómico. “Hay una violación sistemática de los derechos humanos desde todo orden y punto de vista, y los afectados son hombres y mujeres de todas las edades”, aseguraron, a la vez que denunciaron el acoso y las “muertes planificadas y coordinadas de dirigentes y comunidades concretas”.
Dichos portavoces sostuvieron que la situación actual del país en este 2011 es la derivada de los 50 años de conflicto armado (la guerra comenzó en 1960 entre los grupos insurgentes de izquierda, las fuerzas públicas y los paramilitares de extrema derecha), por lo que desde una perspectiva humanitaria “la principal víctima es la población civil y no los combatientes de los bandos en conflicto”.
A pesar de contar con unos importantes yacimientos de recursos humanos, este país de América del Sur conocido mundialmente por las guerrillas y los cárteles de la droga, no sale del bucle de la violencia, tanto por la conquista “empresarial” que de manera tácita sostienen los países ricos en la zona como por los intereses políticos internos a la hora de apoyar pactos comerciales para la reactivación económica.
Por ello, la asignatura pendiente en Colombia es una verdadera protección de los derechos humanos y laborales. “En el país, producto de la guerra, ha habido muertes selectivas dirigidas a defensores de derechos humanos, líderes, activistas de movimientos de mujeres, indígenas, de campesinos, estudiantiles, o sindicales”.
Restrepo y Mejía interpretaron que “es triste que haya más de un millón homicidios de la guerra” y lamentaron que la violencia “sea un instrumento de control y dominación territorial”. Según aseguraron “han articulado el mapa con una siembra de cruces”, un escenario generador de terror, en contraposición de la vida democrática.
La tierra
También llamaron la atención sobre la importancia de la tierra (suelo y subsuelo) pues sus recursos naturales suponen “el cordón umbilical entre la riqueza y el empobrecimiento generalizado de la población”.
La esperanza, según opinaron, está en el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos que, sin haber impulsado un cambio rupturista, “al menos está haciendo el esfuerzo para hablar con la sociedad civil y para que la situación de derechos humanos mejore”. En concreto, con la Ley de Tierras Integral pretende la restitución de 2 millones de hectáreas, aunque primero “tenemos que lograr la visibilidad de quiénes son los que la despojaron y quienes son los verdaderos agentes de la guerra”.
