La tensión y la confrontación interna en el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha vuelto a crecer esta semana, ahora, a cuenta de la subida del precio de la luz y la demanda de los ‘morados’ de investigar al Rey Juan Carlos I en el Congreso, precisamente cuando se cumple un año de su toma de posesión el pasado 13 de enero de 2020, tras la investidura del presidente Pedro Sánchez.
Los socios del primer Ejecutivo de coalición de la democracia moderna en España celebran este primer aniversario inmersos en nuevas disputas, que se suman a la larga lista de debates internos que han protagonizado a lo largo de este año, como el de la derogación de la reforma laboral, las políticas de vivienda o la subida de Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Estas nuevas disputas se producen, además, cuando todavía la pandemia del coronavirus está lejos de superarse, con la tercera ola en auge, y los efectos del gran temporal de nieve ‘Filomena’ haciendo aún estragos en gran parte del país. Eso sí, ambas formaciones han conseguido, entre otras cosas, sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), los primeros desde 2018.
Tanto el PSOE como Unidas Podemos restan importancia a estos debates internos, aludiendo a que en todo Gobierno, incluso en los de un solo partido, existen diferentes puntos de vista, si bien el sector socialista no esconde su malestar por la práctica de los ‘morados’ de hacer públicos sus enfados como método de presión, que achacan a su intento de tener una mayor visibilidad.
Esta ha sido la fórmula que la formación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha vuelto a usar este mismo miércoles para instar al PSOE a impulsar ya la reforma del mercado eléctrico contemplada en el pacto de Gobierno tras la subida del precio de la luz, a lo que los socialistas han respondido reivindicado el trabajo ya realizado en este campo, y garantizado futuras medidas.
Este debate se suma a la polémica de nuevo abierta por la petición que ha vuelto a hacer Unidas Podemos para crear una comisión de investigación al Rey Juan Carlos I y que, una vez más, ha vetado el PSOE. Eso sí, en esta ocasión los letrados de la cámara sí se han posicionado a favor.
Esta discrepancia ha provocado, de hecho, un nuevo enfrentamiento público, con duro cruce de acusaciones, entre el sector ‘morado’ y la ministra de Defensa, Margarita Robles, una de las más alejadas de Unidas Podemos, además de la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
“DISCUSIÓN FUERTE” POR LA SALIDA DE ESPAÑA DEL REY EMÉRITO
Las visiones enfrentadas de PSOE y Unidas Podemos sobre el papel que debe jugar la Casa Real y el futuro de la monarquía ha sido fuente de discrepancias a lo largo de todo el año, y llegó a su punto álgido en verano, con la salida de España del Rey Juan Carlos I. El propio Iglesias reconoció públicamente una “discusión fuerte” con Sánchez por no informarle de los planes del emérito.
Además de la falta de información, que Iglesias también denunció en el caso de la fusión entre Bankia y Caixabank, los socios minoritarios han mostrados su malestar en varias ocasiones a lo largo de este año por entender que no se les estaba teniendo lo suficientemente en cuenta, primero, en la gestión de la pandemia, y después, en los fondos europeos.
De hecho, fue después de hacerse público otro enfado de Iglesias cuando se conoció que Sánchez había decidido rectificar e incluir al vicepresidente segundo y los ministros ‘morados’ en la gestión de los fondos. Según un borrador de la ley para aligerar la dotación de estas ayudas, sólo la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, había sido incluida en la comisión que se iba a crear para tal fin.
En cuanto a la pandemia, la organización de Iglesias se quedó fuera del núcleo duro que diseñó Sánchez para combatir en marzo la irrupción de la pandemia: un mando único integrado por los ministros de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes, todos del PSOE.
Aún así, los ‘morados’ presionaron hasta el último minuto de la aprobación del primer estado de alarma en marzo, en un Consejo de Ministros de más de siete horas, para intentar que este decreto incluyera medidas para hacer frente a la crisis económica y social derivada de la pandemia. El conocido como “escudo social” finalmente se contempló en otro decreto días después.
Y ese debate continuó tras ese primer decreto, ya que Iglesias y los suyos apostaron después por acelerar la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV); una medida prevista en el acuerdo programático de investidura pero cuyo desarrollo requería, según el PSOE, de más tiempo para ponerlo en marcha de forma efectiva. Finalmente se aprobó a finales de mayo, y medio año después, esta prestación está envuelta en problemas burocráticos.
LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL, PRIMERA DISCREPANCIA
La primera discrepancia que surgió entre los socios se produjo pocos días después de tomar posesión aquel 13 de enero de 2020, sobre el alcance que debía tener la derogación de la reforma laboral; un tema que ha seguido coleando y que prevé convertirse en una de las principales disputas internas este 2021, junto a la de las pensiones o la del salario mínimo.
A este respecto, los socios despidieron 2020 enfrentados en los medios por la congelación del SMI, que finalmente se ha impuesto, por el momento. Varios ministros del PSOE argumentaban que aumentar su cuantía requiere tiempo y el acuerdo en el marco del diálogo social. Sin embargo, Unidas Podemos sí quiere incrementarlo cuanto antes, porque no se entiende, a su juicio, que sí suba el sueldo de empleados públicos y no el de empleados más vulnerables.
Los roces también por la propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de aumentar a 35 años el cómputo de las pensiones. En las filas moradas han alegado que aplicar esta medida es “incomprensible”, y ya han avisado de que no lo apoyarán si llegara al Congreso.
La vivienda ha supuesto también otro punto de fricción este año, sobre todo lo referido a la regulación de los precios del alquiler, condición que exigió Unidas Podemos para sellar el borrador de Presupuestos Generales y que finalmente consiguió bajo el compromiso de incluirlo en la nueva Ley de Vivienda, cuyo contenido ya está generado discrepancias entre los socios.
PRESIONES PARA ACELERAR LOS INDULTOS A LOS INDEPENDENTISTAS
El enfrentamiento entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, por la aprobación en marzo del Anteproyecto de Ley de Libertades Sexuales; las discrepancias de los morados con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por mantener las llamadas ‘devoluciones en caliente’; o las presiones de Unidas Podemos para conceder, antes de las elecciones catalanas, los indultos a los independentistas presos por el ‘procés’ han sido otros de los episodios que han marcado este primer año de legislatura.
En este segundo año que comienza ahora ya se vislumbran algunas cuestiones que previsiblemente levantarán ampollas, como por ejemplo, el pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, espera cerrar tras las elecciones catalanas, a pesar de la exigencia de los ‘morados’ de optar por la reforma para rebajar la mayoría exigida, para no recurrir a los votos de los ‘populares’.
También se espera un intenso debate en torno a la ‘Ley Trans’ que prepara Montero y que probablemente volverá a enfrentar a la ‘número dos’ de Podemos con la vicepresidenta primera y mano derecha de Sánchez, por las posturas diferentes que ambas representan al respecto dentro del movimiento feminista.
