Esta actuación es “consecuencia del requerimiento que el inspector de Trabajo y Seguridad Social realiza al Ministerio de Justicia el pasado 1 de septiembre donde, tras una actuación inspectora”, constata la “existencia de posibles infracciones graves de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. No obstante, tal y como señala el delegado de Prevención del Comité y delegado sindical de “JyP”, “al tratarse de una Administración Pública, la Inspección de Trabajo “tan solo puede efectuar un requerimiento inmediato al Ministerio de Justicia para que corrija estas irregularidades, pero no imponer una sanción pecuniaria o de otro contenido derivada del incumplimiento grave de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como sí ocurriría si se tratara de una empresa privada”, aseguran desde el sindicato ‘Justicia y Progreso’.
Desde que el pasado 6 de septiembre de 2021 se iniciaran las obras de remodelación y de adecuación de los Juzgados de Puertollano, con duración prevista de 18 meses y un presupuesto que alcanza los dos millones de euros, el delegado de Prevención y representantes de los trabajadores, Ricardo Rosales, había puesto de manifiesto, tanto a los responsables de la empresa adjudicataria como a gerencia territorial del Ministerio de Justicia en Albacete, la “necesidad de realizar una revisión del Plan de Evaluación de Riesgos del edificio para contemplar las nuevas condiciones de trabajo ya que los cerca de 40 funcionarios que trabajan en el centro se ven obligados cada día a prestar sus servicios en un entorno no apto para trabajar”. “Ante el caso omiso del Ministerio de Justicia, me vi obligado a presentar en mayo una denuncia ante la Inspección de Trabajo donde, además de poner de manifiesto la existencia de riesgos de seguridad y salud, advertí la inexistencia de un coordinador para la prevención de los riesgos laborales, lo que provocó una visita de la inspección a finales de junio y finalmente el requerimiento al Ministerio de Justicia para que actuara de inmediato”, explica el delegado de Prevención.
“Es completamente incomprensible que sea precisamente una administración pública, que debería dar ejemplo, la que de forma constante incumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y tengamos que acudir a la Inspección para que tomen medidas, y no es la primera vez que tenemos que hacerlo, ya que nos pasó igual en Valdepeñas”. Es preciso recordar que a principios de año 2020, la Junta de Personal de Ciudad Real se vio obligada a “denunciar las condiciones laborales que sufrían los trabajadores de la oficina judicial de Valdepeñas y a consecuencia de ello se realizó una evaluación de riesgos psicosociales cuyo resultado arrojó un cien por cien de riesgo debido, entre otros muchos otros factores, a la elevada carga de trabajo”.
“Esta situación se da en todos los juzgados de la provincia y en Puertollano también se ha denunciado, algo en lo que está también de acuerdo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Albacete que en la memoria anual aboga por la creación de un cuarto juzgado para aliviar la desmesurada carga de trabajo”, concluye el delegado.
