La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real ha generado una gran polémica en la casa consistorial de Puertollano y diferentes puntos de vista sobre la forma de proceder del Ayuntamiento de Puertollano a partir de este momento.
El grupo municipal de IU, Jesús Manchón, explicaba que «el alcalde pretende declarar nulos los procedimientos del proceso selectivo de estabilización de empleo del año 2022», cuando esta sentencia solo falla ante la plaza de técnico de sostenibilidad. «Es un asunto grave de por sí porque este procedimiento lo debe conocer y aprobar el pleno y no se ha ofrecido información del procedimiento desde alcaldía», criticaba Manchón.
Ante la reunión que se celebraba este jueves en el Ayuntamiento de Puertollano con los posibles 21 funcionarios afectados en este proceso de estabilización de empleo, Manchón asegura que solo llega una «propuesta verbal, una auténtica barbaridad» y considera que «IU tiene una posición contraria a esta actuación por considerarla temeraria, por carecer de fundamentos jurídicos solventes» y recuerda que «el alcalde que los nombró funcionarios ahora pide la nulidad, es una sentencia que solo afecta al demandante y es injusta por hacer prevalecer los intereses de este alcalde porque fue un proceso avalado por todos los órganos municipales y sociales».
Ante esta situación IU exige al alcalde de Puertollano «que se agoten todas las vías y recurra la sentencia -el plazo finaliza el próximo 26 de enero-, en la administración local hay unas normas y hay que seguir las reglas del juego», apostillando que no se puede gestionar como «si fuera una de sus empresas».
Una postura que avalaba el asesor jurídico de IU, Alejandro Becerra, quien señalaba que «la sentencia es objeto solo de la impugnación de las bases de técnico de sostenibilidad, solo afecta a esta plaza porque no ha participado nadie más de los funcionarios afectados, ninguno ha sido parte del proceso, el fallo solo anula estas bases y no sirve de excusa para decir que hay que dar paso a la revisión». Además, Becerra subrayaba que «debe ser recurrida hasta su última instancia porque lo demanda la ley» en el caso de las administraciones y «cuando una administración se quiere apartar de un recurso se necesita un informe de los letrados para ello y el órgano competente debe decidir, que es el pleno, el pleno debe estudiar el informe del letrado» para dirimir si se recurre y dado que los 21 funcionarios no son parte de este proceso «no pueden decidir si recurren».
Así pues, desde IU justifican que «de un pequeño problema van a hacer una catástrofe» porque el alcalde, esgrimen, «quieren una solución desproporcionada y en ningún caso podrán resultar afectados terceros, si se aplica la jurisprudencia para una cosa se aplica para otras».
