El juicio del que podría salir la primera condena en Ciudad Real a una alcaldesa por verter aguas residuales sin depurar en su municipio (en este caso de Jacinta Monroy, alcaldesa de Argamasilla de Calatrava), ha quedado visto para sentencia este martes con el ruego de la principal acusada de “que se haga justicia”.
Monroy, alcaldesa socialista de Argamasilla desde 2011 y concejala en ese Ayuntamiento desde 1995, ha hecho uso de la última palabra para dirigirse a la sección primera de la Audiencia Provincial, que juzga el caso, a la que ha agradecido el trato: “Pasar por el banquillo para mí ha sido una experiencia muy dura. Espero que hayan comprendido los esfuerzos que hemos hecho y que hagan lo que tienen que hacer: justicia”, ha remarcado, en sintonía con Jesús Manuel Ruiz y Antonio Gil, los concejales con los que comparte acusación.
Vierten los habitantes de Argamasilla
Ruiz y Gil también han defendido su inocencia al final de un juicio en el que Judit Gené, la abogada de la principal acusada, ha pedido la absolución, aduciendo que no es Monroy ni los concejales quienes vierten aguas residuales, “sino los habitantes de una localidad porque no pueden hacer otra cosa”, “si la alcaldesa es culpable de los vertidos se tendrían que haber sentado aquí más personas”.
La abogada de Monroy considera que ha quedado demostrado que el Ayuntamiento de esta población de casi 6.000 habitantes depura sus aguas fecales con la única herramienta que tiene, el filtro verde, una infraestructura heredada de los años ochenta, que estuvo gestionando la Junta de Comunidades hasta 2013, y que el Ayuntamiento asumió lo mejor que pudo mientras que sus responsables trabajaron hasta conseguir la depuradora (entrará a funcionar en breve).
La alcaldesa no cobra del Ayuntamiento
La letrada también ha remarcado que la alcaldesa no cobra sueldo del Ayuntamiento “y solo ha conseguido una imputación”, mientras que el concejal Luis Manuel Ruiz “lleva dos años con el sueldo embargado para hacer frente a la responsabilidad civil en caso de que la hubiera”.
La responsabilidad es de la Junta
Luis Sánchez, abogado defensor del otro concejal investigado, Antonio Gil, ha entrado en discusión jurídica con la fiscalía y las acusaciones respecto quién es competente en materia de depuración de aguas en base a la Ley del Ciclo Integral del Agua, “la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que en este caso se desentendió en 2013 y hasta 2015 no lo explicó”, y ha separado la gestión del alcantarillado y la red de saneamiento, “competencia municipal según la Ley de Bases de Régimen Local”, de la de vertidos y depuración.
Esta parte también ha hecho ver al tribunal que las acusaciones no han demostrado el daño ecológico que se ha causado al río Tirteafuera, “sólo las molestias que ocasiona los vecinos del Juncal de la existencia del filtro verde en sí”.
Fiscalía: hay delito medioambiental
Con tiempos escrupulosamente medidos (media hora para cada parte, una para la abogada Gené al defender a dos personas) la fiscalía y las acusaciones particular y popular han desgranado en la primera parte de la mañana argumentos contrarios: hay delito ambiental y los responsables son la alcaldesa y los concejales acusados.
La fiscal de Medio Ambiente de Ciudad Real Arantxa Vinuesa considera probado que en Argamasilla de Calatrava se ha producido desde al menos diez años “un vertido continuo” de aguas residuales sin depurar al río Tirteafuera, y atribuye la responsabilidad a la alcaldesa y los concejales con los que ha compartido banquillo.
“Desentendimiento total” de sus funciones
Vinuesa cree probado que tienen el mismo grado de responsabilidad “en el desentendimiento total”, ha dicho, de la gestión de las aguas residuales del municipio, que carece de depuradora y tiene autorización para verter aguas fecales a un filtro verde. La fiscal ha reclamado al final del juicio una condena por delito ecológico de tres años y medio de cárcel, multa de veinte meses con cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para cargo público u oficio relacionado con la conservación del medio ambiente.
El ministerio público ha apoyado sus conclusiones en las once visitas del Seprona a las instalaciones de depuración de Argamasilla desde 2014, cuyos informes considera “objetivos, persistentes e imparciales”, y el testimonio de los testigos directos de los vertidos (vecinos de la zona).
La fiscal ha alegado que existe una amplia normativa, la fundamental la Ley de Bases de la Administración Local, que recogen que “la competencia ineludible” de los ayuntamientos en la gestión de las aguas residuales, aunque no sea una competencia primaria “pueden hacerlo contratando o subcontratando con otros entes u organismos, pero eso no elimina la responsabilidad”.
Respecto a que la Junta tuviera las competencias ha argumentado que en realidad existía un convenio del año 1983 entre el Ayuntamiento y el Icona, que luego pasó al Gobierno de Castilla-La Mancha, en el que se establecía por acuerdo que la Junta gestionaba ese sistema de tratamiento de vertidos a cambio del pago de un canon. “Ese convenio expiró en 1998 , la Junta se va porque el Ayuntamiento no paga el canon y la supervisión permanecía en manos de la administración local”. A su juicio en este asunto ha habido una “absoluta dejadez y pasividad” de los responsables municipales, que solo se han preocupado de hacer gestiones para conseguir la depuradora una vez que se inició el proceso judicial en 2014.
La justicia ha hecho más por la depuradora
Carmen Daimiel, abogada de Ecologistas en Acción, en la misma línea argumental, ha mantenido que “ha hecho más la justicia por la depuradora de Argamasilla de Calatrava que la alcaldesa y los concejales de Medio Ambiente”.
La acusación popular, que pide cinco años de cárcel, se ha referido a la falta de constancia documental vía presupuestos que acrediten que se ha intentado construir una depuradora en Argamasilla desde 2006 (fecha desde la que se obliga a depurar las aguas residuales en municipios de más de 2.000 habitantes), y sí sanciones de la CHG en los años 2012 y 2013 por incumplir la autorización de vertidos.
“Desde 2011 ni hay partidas para construir la EDAR ni tampoco para mejorar el mantenimiento del filtro verde. Se preguntó cuánto cuesta que el funcionamiento y han sido incapaces de acreditarlo”.
La acusación particular pide 6 años de cárcel
Luis Javier Fernández, el abogado que representa a Pilar López, que reclama además de penas de 6 años de cárcel 60.000 euros por lesiones relacionadas con los vertidos, ha hecho hincapié en que la Junta, que dejó de encargarse del filtro verde en abril de 2013, sólo mantenía el coste de la luz de la impulsión del riego, “prueba de la falta de celo y desvelo es que las bombas que impulsaban el agua residual al filtro dejaron de funcionar en abril y hasta el 6 de agosto no se enteran, cuando sabían que estaban vertiendo al río”.
Esta parte, que acusa además por falsedad documental, prevaricación y lesiones, también ha cuestionado el asesoramiento, a partir del otoño de ese año de Sima Ingeniería, “está empresa en cualquier organización normal ya estaría de patitas en la calle, no hay más que ver cómo han seguido contaminando después de seguir sus supuestas recomendaciones”.
Con depuradora o sin depuradora las acusaciones han incidido en que el Ayuntamiento tiene que seguir tratando sus aguas residuales y no verterlas directamente al río, “entendemos que un alcalde no puede saber de todo, con que se hubiera leído la autorización de vertidos en este caso sería suficiente, todas estas disposiciones legales han sido infringidas”, han remarcado.
Un tribunal de la sección primera de la Audiencia presidido por la magistrada María Jesús Alarcón, presidenta de la Audiencia de Ciudad Real, y formado por Luis Casero y Mónica Céspedes dictará sentencia en las próximas semanas.
