El coordinador provincial de IU, Pedro Mellado, ha avanzado este martes que preguntarán en los ayuntamientos de la provincia en los que tienen representación si se va a abonar a RSU la tasa correspondiente a los días en los que los trabajadores hagan huelga y no se preste el servicio ya que, considera, que si la empresa no va a pagar a los trabajadores que secunden el paro, tamporo debería cobrra por ese servicio.
Mellado, que ha explicado que ayer se reunieron con los trabajadores, ha considerado que los motivos por los que se ha convocado la huelga son “justos” y consecuencia “de una gestión negligente del PP y el PSOE” ya que son quienes no instan a la empresa a que cumplan las reclamaciones laborales de que se corrijan los recortes a los que se sometió al personal en 2012 “porque mientras que se han recuperado en otras administraciones, aquí no”
En este sentido, ha destacado la voluntad negociadora de los trabajadores hasta el día de la huelga, e incluso después, siempre que se cumplan con esos mínimos exigidos de eliminar los recortes de 2012 en cuestiones como, por ejemplo, la vuelta a las 35 horas de jornada laboral “para la que incluso han propuesto que se haga de forma progresiva con el objetivo de no perjudicar a la empresa, de forma que fueran 36 horas en 2019 y 35 en 2015”.
Además, Mellado ha destacado que otras quejas de los trabajadores son los sueldos “desproporcionados entre los trabajadores y la alta dirección; las contrataciones temporales opacas; la descapitalización de la empresa, que al inicio de la legislatura tenía superávit y ahora pérdidas; o que no exista una RTP que de garantías a los empleados en temas como la promoción, por ejemplo”.
Sobre lo alegado por la empresa de que la reducción de la jornada laboral supondría un incremento de las tasas que deben pagar los ayuntamientos y su repercusión en los ciudadanos, Pedro Mellado ha señalado que el coste de atender las peticiones de los trabajadores sería de entre 0,50 y 1 euro por ciudadano al año, de forma que los consistorios pueden optar por reprcutir esa subida en los ciudadanos o asumirla porque es mínima.
“Por ejemplo en Miguelturra, mi localidad, poniendo que fuera el coste máximo, supondría 15.000 euros al año que el Ayuntamiento de Miguelturra podría asumir y, en lugar de cerrar con un superávit de 720.000 euros, cerrar con 705.000 euros sin necesidad de repercutírselo a los vecinos”, ha concluido Mellado.
