El Consejo de Gobierno ha autorizado al gabinete jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a ejercer la acción popular en el procedimiento penal derivado del asesinato por violencia de género en Escalona (Toledo) el pasado 28 de diciembre de 2022 de Elena, una mujer de 33 años embarazada que fue asesinada presuntamente a manos de su expareja.
Esta actuación legal se realiza en aplicación de lo previsto en el artículo 35 de la Ley 4/18 para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, que establece que la Junta de Comunidades se personará ejerciendo la acción popular en los procedimientos penales por violencia de género en los casos de homicidio o asesinato o cuando las circunstancias lo aconsejen.
«Quisimos recoger en esta ley nuestro compromiso y la voluntad política, el convencimiento de que había que apoyar a las víctimas y a sus familias para que se hiciera justicia y que la mejor manera de hacerlo era personándonos como Administración regional en estos casos ante los juzgados, en los casos penales, y quisimos pasar de compromiso y voluntad política a una obligación en la ley para que, gobierne quien gobierne, sea ineludible la personación en los casos penales», ha abundado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, en rueda de prensa.
Hasta ahora, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ejercido esta personación en 46 ocasiones, 40 de ellas por la muerte de la víctima, y 6 por lesiones graves. «Desde el Gobierno de Emiliano García-Page nos vamos a situar siempre frente a los agresores y frente a quienes justifican o legitiman la violencia machista a través de su invisibilización o de discursos que son muy peligrosos, reduciendo su gravedad e incluso llevándolo a contextos de que es un tema de marginación social o casos puntuales», ha dicho Padilla.
«El negacionismo debilita a las víctimas y refuerza a los agresores»
«Su negacionismo no sólo debilita a las víctimas sino que refuerza a los agresores y el Gobierno de Castilla-La Mancha va a estar siempre del lado de las víctimas y de sus familias». En 2024, el Gobierno regional va destinar 27 millones de euros a la lucha contra la violencia de género a través de los centros, de los recursos y las entidades que trabajan para combatir esta lacra social.
Por último, la portavoz gubernamental ha defendido que la violencia machista «no es una anécdota», no son casos puntuales, no es un problema del ámbito doméstico «como estamos acostumbrados, desgraciadamente, a escuchar en los últimos meses de manera más intensa». «Es un problema de dimensión estructural, es un problema social de primer orden en el que los responsables públicos tenemos la obligación política y moral de intervenir», ha declarado Padilla.
