Asaja Ciudad Real ha pedido reformar el sistema de peritaje y pagos de Agroseguro, “deficiente” en su desarrollo y perjudicial para los productores, especialmente para los del sector vinícola, “con un 30% menos de los pagos por los daños reales”, tal y como han denunciado esta mañana el secretario provincial de la entidad, Florencio Rodríguez, y los responsables del área de Seguros, Pedro Alcolea y Francisco Patiño.
Al parecer, los peritos, “que forman parte del sistema”, les están tasando “entre el 50 y el 60%” de las parcelas de viñedo afectadas por una helada en abril, que impactó en “las yemas”, pero solo les reconocen “un 20%”, mientras que el otro 30% de daños lo achacan “a adversidades climáticas” sin especificar. Además, los partes de siniestros se cierran en la oficina “con las mismas observaciones” y con indicaciones “uniformes, que van en la misma dirección” y “de parte” y no en el campo, donde el agricultor sólo verbaliza su opinión.
Es una práctica contraria a lo que recoge la ley de seguros, que apunta a que las actas de peritaje tienen que estar firmadas en la explotación por ambas partes. Es un extremo que “no se cumple”.
Se trata de una fórmula con la que “los agricultores se sienten indefensos” y “impotentes” ante el grupo de Agroseguro (público-privado), con la que el sistema “se ahorra el 30% de lo que el agricultor tiene asegurado”. La práctica es “demoníaca” y forma parte del juego de la trilería”, según han denunciado.
Por ello, ante “esta aberración y barbaridad”, el “80%” de los viticultores con parcelas aseguradas y ya peritadas “hemos firmado no conformes”. Incluso los directivos de Asaja, han expuesto, han intentado “razonar” con los responsables de Agroseguro sobre “las pérdidas con la misma siniestralidad de la parte que reconocen y ellos no se bajan del carro”.
Lo productores, por tanto, “no lo vamos a dejar y vamos a luchar” porque en este caso “hay una razón que es la helada” y los daños que ha provocado.
La situación es “delicada” ante un seguro tramitado por el agricultor, que “le están robando” al no reconocerle “un daño real”. Así, a su juicio, “no se puede ignorar una realidad como la que hay en el campo y ahí vamos a estar enfrente de lo que corresponda”, han sostenido, a la vez que han pedido a “otros organismos -como el Consorcio de Seguros- que apoyen a los productores”.
En viñedo, cereal y hortícolas
En concreto, respecto al cultivo del viñedo, Castilla-La mancha tiene un 40% de la superficie asegurada, 180.000 de las 441.300 hectáreas existentes. En Ciudad Real alcanza la mitad, cerca del 50%, con unas 80.000 hectáreas cubiertas de las 162.000 hectáreas cultivadas.
Esta línea de seguro vinícola “está siendo beneficiosa” para Agroserguro en los últimos 20 años, dado “el menor número de siniestros y de indemnizaciones, y el incremento de las pólizas y las primas que pagamos”. Por ello, han insistido en revisar la metodología de los seguros “para que no paguemos tanto y sea justo”.
En el caso de los cereales, “tampoco admiten” los daños, con un 60% menos de cosecha en general, como un caso de una finca con una cobertura para 8.000 kilos por hectárea, en la que han tasado daños en 3.000 kilos, mientras que los “otros 5.000 kilos no se van a pagar”. “Agroseguro también se ha negado a hacer contradictorios”, han agregado.
Es la “misma dinámica” que se da en los ajos, también con pérdidas del 60%, y la que temen ocurrirá con el melón y la sandía, a tenor del precedente de las hortícolas el año pasado, con reducciones 30% por “condiciones climatológicas adversas”
“No se pueden consentir”, sobre todo “porque las condiciones climatológicas suben cada año y los seguros van bajando porque no funciona”. “No puede actuar como una apisonadora”, han continuado, a la vez que “han reconocido que la ley está mal aplicada pero no mal hecha”.
Con todo, han defendido el seguro agrario como herramienta “para regular las situaciones en condiciones adversas que pueden cambiar la rentabilidad”, aunque “que no sea para echar por tierra el esfuerzo de los productores”.
De este modo, han pedido “mejorar y reformar el sistema” para arreglar “las deficiencias en las fórmulas de contratación y de personal en las peritaciones”.
