El juicio al joven sacerdote P.J.A., apartado del seminario de Ciudad Real por presuntos abusos sexuales a nueve menores de entre 11 y 14 años, ha entrado este lunes en la recta final. El abogado Rodrigo García, que representa a la familia de tres de los chavales, confía en que la pericial psicosocial forense, prevista para la sesión de mañana martes, la última, termine de probar que el religioso es culpable.
“Lo que dicen los chicos es coherente y compatible con lo que denuncian”, ha explicado García a la salida de la vista, que empezó a puerta cerrada ante la sección primera de la Audiencia Provincial en la primera semana de diciembre y se ha reanudado este lunes.
Francisco Maroto, el abogado que defiende al cura, también presentará una contra pericial sobre la credibilidad del testimonio de los chicos este martes.
El vicario judicial Bernardo Torres, uno de los testigos
Este lunes han comparecido seis religiosos vinculados al seminario, entre ellos Bernardo Torres, vicario judicial del Tribunal Eclesiástico que juzgó a P.J.A. en el año 2016, poco después de que se destapara el caso. La sentencia canónica, que se dictó una vez realizadas todas las investigaciones necesarias, impuso una medida de reclusión del cura en un monasterio por cinco años, con asistencia espiritual y psicológica, que el acusado no aceptó, porque defiende su inocencia.
Ante la negativa a cumplir esta reclusión un decreto papal de esta primavera lo apartó del ejercicio del sacerdocio.
El primer cura juzgado antes por la Iglesia
P.J.A., el primer cura apartado de la Iglesia en España por presuntos abusos antes de haber sido juzgado por la justicia ordinaria, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de Ciudad Real y la acusación particular de 40 años de cárcel por supuestos tocamientos de carácter sexual a nueve menores a los que formó durante dos cursos académicos, entre 2013 y 2015, en seminario de Ciudad Real (era su tutor).
El caso saltó a la luz por una denuncia del propio Obispado que tras una investigación interna puso los hechos en conocimiento de los padres y de la Fiscalía Provincial.
