El excalde socialista de Puertollano Joaquín Hermoso Murillo, acusado de prevaricación administrativa por fraccionar en 69 expedientes la segunda fase de las obras del coso polivalente de la localidad, ha declarado que la decisión de retomar en 2007 estas obras, iniciadas en la legislatura 1999-2003, fue política. La adoptó él con todos los concejales de su equipo de gobierno, con la idea de que el coso se pudiera usar para la feria de mayo de 2008, y se trasladó a los técnicos la recomendación de que se hiciera poco a poco, con recursos propios, y por módulos.
Hermoso, al que se juzga esta semana en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, dice que no es amigo del arquitecto técnico que sugirió fraccionar la contración de la obra, y que no fue la persona que dijo que se hiciera así, “puesto que teníamos poco presupuesto se decidió que se hiciera poco a poco”.
Exigió los informes técnicos y jurídicos
Que haya informes técnicos (uno de urbanismo y otro jurídico) que avalen esta manera de proceder, “contraria a toda lógica”, según las acusaciones populares, se debe según el exalcalde a su criterio. “Ya dije que no aprobaría ninguna resolución de este tipo sino no existían informes que la justificasen”, ha insistido.
El exalcalde, que ha respondido a las preguntas de la fiscal y a las defensa, pero no a los abogados de la acusación popular que representan a los grupos municipales de PP y PSOE en el Ayuntamiento de Puertollano, no entiende que hacen personados en la causa, “las obras no se ocultaron, se veía lo que estábamos haciendo”.
También ha negado ser la persona que decidió que Ángel Manso, el arquitecto ténico que avaló la fragmentación, se hiciera cargo de la segunda fase del proyecto del coso: “Él ya se venía dedicando a esto y se le dijo que siguiera”.
Hermoso Murillo, que está acusado de haberse puesto de acuerdo con los dos técnicos para adjudicar las obras sin publicidad y favorecer a empresas amigas, entre ellas Navarro Piquer, ha negado tener ninguna relación con esta firma, “más allá de que son de Puertollano”.
A preguntas de la fiscal ha reconocido que ha trabajado de abogado para Navarro Piquer, pero después de salir del Ayuntamiento (en 2013) y empezar a ejercer el derecho, en el año 2014.
Los técnicos se defienden: la obra, en mayo
Tanto el arquitecto técnico municipal Ángel Manso como el secretario del Ayuntamiento en esa época, Juan Luis Vázquez, que comparten banquillo con el exalcalde, han justificado su proceder: el objetivo era hacer la obra en tiempo y forma para que se pudieran dar festejos taurinos.
Manso, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha reconocido que fue él el que sugirió hacer la obra por partes para que se cumplieran los plazos: el mes de mayo de 2008, y que recibió una “velada amenaza” del alcalde si no estaba construido buena parte del coso en ese tiempo.
El secretario avaló el informe de urbanismo
Vázquez por su parte ha admitido que fraccionar una obra de tanta cuantía (1,3 millones según él, fiscalía y acusadiones cifran la obra completa en 2,5 millones) es algo excepcional, pero que firmó a favor del informe base de la segunda fase del coso por las justificaciones técnicas. Ha hecho mucho hincapié en que respeta la profesionalidad de Manso y no le extrañó el contenido del informe que sugería fragmentar la obra.
Preguntado por la fiscal sobre porqué gran parte de los contratos se adjudicaron a la empresa Navarro Piquer (18 expedientes para obras de cimentación, todos ellos de una cuantía inferior a 60.000 euros), ha respondido que no los conoce de nada.
10 años de inhabilitación e incluso cárcel
De 47 años y alejado de la política desde hace años, el que fuera alcalde de Puertollano entre 2003 y 2013, podría ser condenado a penas que oscilan entre los diez años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, que pide la fiscalía, y los veintidós que solicita la acusación popular que ejercen por separado los grupos municipales de Izquierda Unida y el Partido Popular.
Falsedad documental y tráfico de influencias
La acusación popular reclama además 7 años de cárcel, seis por un supuesto delito de falsedad documental que la fiscalía no ve, y otro más por tráfico de influencias para el exalcalde; 10 para el secretario y 9 para el arquitecto técnico, además de más de veinte años de inhabilitación para empleo o cargo público para los dos últimos.
El ministerio fiscal solo considera acreditado el delito de prevaricación y reparte culpas a partes iguales entre el exalcalde y dos técnicos municipales, el secretario general Juan Luis Vázquez y el arquitecto técnico Ángel Manso, para los tres pide diez años de inhabilitación.
Adjudicaron las obras de forma directa
En los escritos de calificación provisional del caso fiscalía y acusaciones coinciden en los hechos básicos. Se supone que los tres acusados “a pesar de ser conocedores de la normativa administrativa en materia de contratación y sabedores de la inexistencia de causas técnicas que justificasen el fraccionamiento del expediente de contratación del coso polivalente de Puertollano” –dicen textualmente- decidieron tramitar los distintos contratos sin publicidad y adjudicándolos de forma directa.
La ejecución de la obra superó los 2,5 millones de euros y se fraccionó en 69 expedientes por partidas de cimentación, suministros y maquinaria, y suministros e instalaciones para acabados.
Cimentación a Navarro Piquer
La ejecución de la partida de cimentación ascendió a 879.456,67 euros, fraccionándose en dieciocho expedientes, todos ellos de cuantía inferior a 60.101,21 euros. Se adjudicaron a la misma empresa, Construcciones Navarro Piquer S.L. En este caso se aplicó el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000, de 16 de junio (procedimiento negociado sin publicidad).
Suministros y maquinaria
De suministros y maquinaria se tramitaron nueve expedientes por un importe total de 575.227,41 euros, conforme a la normativa en vigor de Contratos del Sector Público, y que fueron adjudicados a diversas empresas por importe inferior a 200.000 euros (procedimiento negociado sin publicidad).
Con cargo a la partida de suministros e instalaciones para acabados de obra se tramitaron nueve expedientes por un importe total de 602.566,94 euros, cuya cuantía se fraccionó en cantidades inferiores a la prevista en la normativa citada en al apartado anterior (procedimiento negociado sin publicidad).
Las presuntas irregularidades las detectó en un primer momento el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza este tipo de gestiones de los ayuntamientos. Este tribunal envió el caso a la fiscalía que abrió una investigación. Las acusaciones consideran que en los meses de instrucción, conscientes de que habían obrado mal, los acusados, sobre todo el secretario y arquitecto aportaron documentación falsa para simular que más empresas habían concurrido a la construcción.
Le dieron las obras “a los amigos”
“El hecho de fraccionar el objeto de contratación por parte de los acusados fue un medio para adjudicar los contratos a personas con las que tenían una relación de amistad, sustrayendo el concurso de adjudicación del más mínimo procedimiento legal”, afirma en su escrito de acusación el abogado que representa al grupo municipal de Izquierda Unida en el caso, Gregorio Rodríguez.
Documentos falsos para fingir legalidad
Esta parte también reprocha que “una vez que se comenzaron a investigar los hechos los querellados no han tenido el menor reparo en falsificar documentos para dar una apariencia de legalidad”.
El juicio, que se ha retomado en la sección segunda de la Audiencia este 24 de septiembre tras la suspensión en el mes de febrero, continuará este miércoles con las declaraciones de los testigos, entre ellos algunos concejales y técnicos del Ayuntamiento de Puertollano en 2008.
