Desde IU Puertollano han afirmado que la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSCLM) condenando al Ayuntamiento de Puertollano al pago de 817.666 euros, derivado de un expediente expropiatorio, viene a sumarse a la lista de “resoluciones injustas” dictadas por el TSJ regional contra este Consistorio “en un proceso expropiatorio inexistente”. Sentencias que, manifiestan desde IU, “han empobrecido a la Administración municipal, esto es, a todo el pueblo de Puertollano, y han enriquecido injustamente a cuatro particulares”.
Se trata, a juicio de IU, de un proceso expropiatorio inexistente porque esta “expropiación por ministerio de ley” no deriva de la ocupación de ningún terreno, sino de unos supuestos perjuicios derivados de la aprobación y no ejecución del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Pero estas propiedades eran rústicas antes y después de aprobarse el PGOU en 1987.
Explica IU que “estos terrenos nunca han tenido expectativas de ser construidos y sus propietarios nunca han visto mermados sus derechos. Ni antes ni después del PGOU se podía construir en ellos. Y así lo entendieron siempre los tribunales hasta que llegó la primera de nuestras referidas sentencias, en la que en base a la posible construcción de un ‘cinturón verde’ (que nunca llegó a existir) se modifica el criterio y se valoran estos terrenos, a petición de los propietarios, como si de urbanos se trataran”.
Además, esgrimen que “la propiedad pasó de tener unos terrenos rústicos a tener unos terrenos como si del Paseo de San Gregorio se tratara. Cualquier ciudadano con sentido común advertirá que esto no puede ser así; y aunque así lo dicte una sentencia, esa sentencia es injusta”.
El proceso expropiatorio que fija el ordenamiento jurídico tiene como pilar fundamental lo que la propia Ley define como ‘justiprecio’, es decir, el justo precio que hay que abonar al propietario que ve afectados sus derechos, que pierde su propiedad por causa de la utilidad pública o interés social. Pero el justo precio produce efectos en los dos sentidos: por un lado, el ciudadano no puede empobrecerse por culpa de la administración pública, pero por otro, tampoco debe enriquecerse con indemnizaciones exorbitadas. “Esto es lo que ha pasado en nuestro caso: que unas sentencias han declarado unas indemnizaciones fuera de toda razón”. Así, manifiestan desde esta formación política que se está pagando el metro cuadrado de estos terrenos a 95 euros cuando su precio real es de 0,90.
Desde IU recuerdan también que esta situación llega “por culpa de las fantasías que tuvo el peor alcalde que ha pasado por este Ayuntamiento: el socialista Joaquín Hermoso Murillo. Su nefasta gestión ha generado una deuda real y manifiesta superior a los 20 millones de euros sin nada a cambio. Nadie de aquel Gobierno municipal del PSOE fue capaz de detener tales locuras, ni siquiera de advertirle para que no fuera imprudente o para decirle que se estaba equivocando entrando en situaciones procelosas”.
Además, desde el año 2003 el nuevo POM se está intentando confeccionar y aprobar, “y a día de hoy no se ha conseguido, se comenzó hace 20 años con la publicación del avance técnico y después de muchas batallas se aprobó provisionalmente en el Pleno de mayo de 2018; pero a fecha de hoy, cinco años después, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es quien debe aprobarlo con carácter definitivo, aún no se ha pronunciado sobre ello, ni para bien ni para mal. En tiempos anteriores se dijo que la culpa era del Gobierno popular de María Dolores de Cospedal, pero ahora el Ejecutivo regional es del PSOE. ¿Qué impide aprobar el POM? Ni siquiera lo sabemos. Son estas ineficaces y erróneas formas de gobernar las que conllevan castigos como las sentencias que lamentamos referir en esta nota”.
