El secretario general de UGT CLM, Carlos Pedrosa, la presidenta de la Federación Español de Municipios y Provincias en la región, Mayte Fernández y el secretario general de CCOO CLM, Paco de la Rosa, han firmado esta mañana el Pacto por la Estabilidad del Empleo en las contratas de los municipios con la intención de poner fin a la precariedad que se venía viviendo en estos trabajos. El pacto, que ya se había firmado con el Gobierno regional, va más allá de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, aunque cada corporación municipal puede mantenerlo hasta cuando lo considere.
Para Pedrosa este pacto va en la línea de la “recuperación del diálogo social” y supone una base para que los ayuntamientos liciten pliegos con condiciones dignas, que tengan en cuenta en la igualdad y apuesten por la seguridad y prevención de riesgos laborales. “Ahora toca trabajar para que se adhieran la mayor cantidad de municipios e intentar que en los que no se pretenda sean otros grupos políticos lo que lo impulsen”, ha afirmado.
A preguntas de los medios el secretario general ha aclarado que este acuerdo afectará a más de 30.000 trabajadores y trabajadoras y que supone que los pliegos de condiciones se liciten de acuerdo a lo que macan los convenios colectivos de los sectores porque “hoy por hoy con la reforma laboral que aún tenemos vigente en este país se permite que una empresa tenga un convenio salvaje descolgándose del convenio del sector. De esto no nos salva la Ley de Contratos del Estado, nos salva este acuerdo”.
Por su parte, Ferández ha detallado que este acuerdo es “muy necesario” después de años en los que los municipios “hemos tenido que externalizar servicios por leyes que nos quitaban autonomía”, y ha asegurado que pone fin a las diferencias que en algunos casos se estaban dando entre funcionarios de carrera y los empleados públicos de las contratas.
En concreto, ha destacado que se incluyen cláusulas para la igualdad entre mujeres y hombres, para rescindir el contrato si la empresa no paga a los trabajadores, para “premiar la diferenciación positiva de contratar a personas con discapacidad” y para establecer como norma general la subrogación de los trabajadores en las mismas condicones cuando una empresa deje de prestar un servicio y entre otra en su lugar.
