La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha enviado cartas a algunos regantes de la comarca de La Mancha, en concreto en localidades de Pedro Muñoz y Campo de Criptana en Ciudad Real y en la albaceteña Villarrobledo, en las que insta a clausurar en un plazo máximo de 10 días los pozos de riego que fueron denunciados en el procedimiento sancionador sobre apertura e instalación de instrumentos para la extracción de aguas subterráneas.
Es el caso de J.I., un agricultor de Pedro Muñoz, que recibió hace cuatro días la notificación, firmada por el comisario de aguas de la CHG, Ángel Nieva, en la que es advertido de que en caso de incumplimiento sería el organismo hidrográfico el que ejecutaría subsidiariamente el cierre de su pozo, y él mismo tendría que correr con los gastos originados en las actuaciones.
En concreto, según la carta, a la que ha tenido acceso lanzadigital, la CHG concede “un último y definitivo plazo de diez días, para que proceda voluntariamente a la clausura del pozo, mediante el desmantelamiento y retirada de los instrumentos instalados para la extracción de agua, soldando una chapa en la embocadura (mínimo dos puntos) y precintando los mismos”.
En caso de incumplir estas indicaciones en el periodo indicado “el Organismo procederá a su ejecución subsidiaria, de conformidad con lo establecido en el art. 323.6 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, siendo de su cuenta todos los gastos que se originen por tales actuaciones de conformidad con el presupuesto que adjunto le acompaña, y ello sin perjuicio de cualquier otro tipo de responsabilidad que pudiera derivarse del citado incumplimiento”.
Este regante se acogió como titular de explotación prioritaria a la oferta pública de derechos de agua a particulares realizada en 2008 por el entonces Ministerio de Agricultura para regularizar los 2.600 pozos ilegales que se habían abierto en el entorno del antiguo acuífero 23.
Pero la inversión pública sólo alcanzó para regularizar los pozos de leñosos, mientras que otros 1.600 de explotaciones prioritarias quedaron pendientes y tras 10 años siguen sin resolverse.
Distinto es uno de los dos casos conocidos en Villarrobledo, a los que también instan a clausurar sus instalaciones de riego, ya que no se trataría de una explotación prioritaria, sino de un cambio de ubicación de derechos, que solicitó hace cuatro años a la CHG y que todavía no ha obtenido respuesta.
Incertidumbre
Desde la Asociación de Afectados por la no Legalización de Pozos de las Explotaciones Prioritarias en el Alto Guadiana, constituida hace justo un mes en Villarrubia de los Ojos, han lamentado la situación de los regantes que han recibido la cartas, y la incertidumbre que vive este colectivo, ya que “por un lado la Consejería dice que está cerca la solución a los pozos y por otro la Confederación envía estas cartas”.
La asociación, según han informado, ha solicitado por escrito reuniones con la Consejería de Agricultura, con el titular del Gobierno autonómico, y las organizaciones agrarias Asaja (ya han celebrado el encuentro), UPA y COAG “para hablar y desbloquear el tema”.
También tienen en cartera hablar con los candidatos de los distintos partidos políticos que concurrirán a las elecciones “para ver si buscamos una solución tras 10 años”.
“En este tiempo han pasado partidos de dos colores y no han atendido el problema que representa sólo 25 hectómetros cúbicos”.
También han cuestionado “que la Confederación no conteste años las solicitudes por falta de personal, y sí tengan efectivos para ir a cerrar y clausurar los pozos”.
Precisamente, el propio presidente de la CHG, Samuel Moraleda, trasladó a estos regantes hace un mes y medio las tres vías posibles de solución, como son la compraventa de derechos entre particulares, prevista en la Disposición Adicional 14ª de la Ley de Aguas, con un peaje del 10% de la concesión, la ampliación de la superficie de leñosos, en el caso de tener ya una parte del pozo legalizado, también con un 10% de canon, y que estos peajes se concentren en un centro de intercambio de derechos.
