La sección segunda de la Audiencia Provincial repetirá la semana que viene, entre el 9 y el 11 de febrero, el juicio por la presunta violación a una joven en Porzuna en 2018. El caso, que se juzgó en 2019, concluyó con una sentencia absolutoria dictada por un tribunal presidido por la magistrada Carmen Pilar Catalán, presidenta de esta sección, que tiene que volver a juzgado el caso, con una composición de magistrados diferentes.
Repetir un juicio no es habitual, de hecho en la Audiencia Provincial de Ciudad Real es la primera vez que pasa en su historia reciente. Se ha llegado a esta situación por un recurso de la acusación particular de la víctima, representada por el abogado Ángel María Rico y la fiscalía, que, descontentos con el fallo y la valoración de la prueba, apelaron al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que les dio la razón el año pasado, y declaró nulo el juicio.
Fundamentación jurídica insuficiente
“La fundamentación jurídica de la sentencia es insuficiente, ya que deja pruebas practicadas sin valorar absolutamente. Aunque es cierto que en la apreciación de la prueba corresponde al tribunal de instancia (…) Sin embargo en este caso, en el fundamento de derecho tercero de la sentencia, en que se comienza la valoración de la prueba, sólo se consideran útiles las declaraciones del acusado y de la acusación particular, desechando sin otra argumentación, por ser de referencia, los restantes testimonios practicados en juicio”, recoge textualmente el dictamen de nulidad del juicio del TSJCLM, que se notificó a las partes el año pasado, poco antes de la declración del estado de alarma.
Una vista calcada a la primera
Con la declaración de nulidad el caso vuelve a la casilla de salida, de hecho la vista oral será calcada a la primera, solo que esta vez no habrá público en la sala, a excepción de los medios acreditados.
El nuevo juicio supone otra oportunidad “para que se haga justicia con la víctima”, asegura su abogado Ángel María Rico, que mantiene que fue agredida sexualmente desde esa misma noche, pese a las repercusiones que ha tenido el caso en una localidad pequeña como Porzuna, en la que todos se conocen.
“No afecta al fondo del asunto”
Francisco Víctor, el abogado defensor del acusado, explica que afrontan el juicio con la “tranquilidad” que da saber que la repetición “no afecta al fondo del asunto, sino a cuestiones técnicas de valoración de prueba”, “aparte de la tensión lógica por enfrentarnos a mucha pena”, agrega.
El acusado de la presunta agresión sexual V.G.R., que pasó un año y medio en prisión preventiva, lleva una vida completamente normalizada, aunque desde que se acordó la repetición del juicio tiene en vigor una orden de alejamiento de la víctima, puesto que ambos siguen viviendo en la misma localidad y en su momento compartían círculos de amistades.
La denuncia de la violación
La sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial absolvió a V.G.R., de 22 años ahora, de haber agredido sexualmente a una joven 20 años en la localidad, que lo denunció en abril de 2018, al poco de la supuesta violación.
El tribunal consideró probado que la madrugada del 15 de abril de 2018 el acusado y la denunciante, algo más que amigos desde la adolescencia pero sin llegar a ser novios, quedaron en un parque, tras intercambiar ‘whatsapp’ amigables al principio, que subieron de tono después.
Cuando por fin se vieron en el lugar convenido, la sala consideró probado “que ambos mantuvieron relaciones sexuales completas por vía vaginal y bucal sin que hayan quedado acreditados los actos de agresión física ejercidos por el acusado con la finalidad de que ésta, mantuviera dichas relaciones sexuales, ni por tanto las palabras amenazantes que dirigió a la víctima si denunciaba lo acaecido”.
La víctima denuncia una brutal agresión
La joven ha mantenido desde su primera declaración que fue víctima de una violación brutal y que quedó con él esa noche porque la amenazó con difundir un video sexual suyo, que no existía.
La calificación y la petición de penas no ha variado. V.G.R. se enfrenta a una solicitud de condena de 11 años y medio por parte de la fiscalía, que la acusación particular que ejerce la perjudicada eleva a 15, por delitos de agresión sexual y amenazas.
