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02 marzo 2024
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El fiscal atribuye “organización criminal” a los 6 acusados del laboratorio de cocaína de Alcázar

juicio CM 41
Las defensas por su parte han impugnado en la última sesión del juicio en la Audiencia toda la prueba porque parten de que se ha obtenido de forma ilícita / Clara Manzano
Belén Rodríguez / CIUDAD REAL
Pide 14 años para el supuesto cabecilla, 12 para los tres investigados relacionados con la 'fábrica' y la aprehensión de la droga, y 9 para la novia de uno de ellos y el tratante de vinos de Alcázar que les alquiló la finca

El fiscal del caso del laboratorio de cocaína desmantelado en una finca rústica de Alcázar de San Juan en 2016 ha solicitado hoy penas abultadas de 14, 12 y 9 años de condena para los seis investigados en la trama, a los que considera miembros de una “organización criminal”.

En el caso, en el que la policía incautó siete kilos de cocaína en viviendas de Madrid vinculadas a cinco de los seis acusados de nacionalidad colombiana, la fiscalía aplica además la agravante de notoria importancia, tanto por los estupefacientes como por los más de treinta kilos de químicos, precursores de la droga, hallados en el zulo de la finca de Alcázar.

El tratante de vinos, uno más

El fiscal pone casi al mismo nivel inculpatorio a Javier F.R., el tratante de vinos que les alquiló la finca, que a los cuatro colombianos de Madrid y a la novia de uno de ellos presuntamente relacionados con el trasiego de la droga para adulterarla en la provincia.

En concreto reclama 14 años de prisión para James Rober P.V., supuesto jefe de la banda; 12 para su hijo Edison Alexander P.M., Alexander G.C. y Edison B.A., y 9 para Rocío B.B. y Javier F.R.

El fiscal da por probada la participación de todos ellos en la trama en base a la investigación de los agentes de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, Udyco, que siguieron durante nueve meses a estas personas y a otras dos más huidas de la justicia.

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Dos de los abogados defensores en la última sesión del juicio / Clara Manzano

Defensas: toda la prueba es ilícita

Las defensas por su parte han impugnado en la última sesión del juicio en la Audiencia toda la prueba porque parten de que se ha obtenido de forma ilícita, vulnerando derechos fundamentales. “Nadie se cree que tres agentes de Udyco Central se topen por casualidad con una furgoneta que les lleva hasta un grupo de traficantes”, ha argumentado la abogada Mar Vega, defensa de Edison Alexander.

Los defensores piden la absolución para todos ellos y como conclusión subsidiaria una condena con penas de entre 6 y 4 años y medio para los acusados que peor lo tienen por pertenencia a “grupo” criminal, no a organización.

juicio CM 17
Las defensas argumentan que la investigación es nula porque no se han respetado derechos fundamentales de los acusados / Clara Manzano

Nulidad “de libro”

José Ramón García, el abogado de Edison B.A. -detenido saliendo de una vivienda en la que dejó un Audi A-6 con 5 kilos de cocaína-, ha sido especialmente vehemente pidiendo la nulidad de actuaciones, “estamos ante una nulidad de libro”, ha dicho el penalista, que espera que la sección segunda de la Audiencia Provincial que ha juzgado el caso sepa apreciar.

Las defensas consideran “un cuento de hadas” que una unidad especializada en drogas de la Brigada Central de la Policía Nacional, Udyco, viera “por casualidad” a un hombre manipulando garrafas de químicos en una calle de Madrid, y cuestionan los métodos empleados por los agentes para motivar el auto que permitió la intervención de los teléfonos de los acusados, autorizada en octubre de 2015 por el juzgado de instrucción número 3 de Alcázar.

Sostienen que la investigación parte de otra relacionada con una red internacional de narcotráfico, y que las pistas para llegar a esta trama las obtuvieron saltándose derechos fundamentales, por lo tanto invalidan las pruebas.

zulo
Zulo excavado en la finca en el que aparecieron las sustencias para adulterar la droga / CNP

Acusación “injusta e infundada”

El abogado de Javier F.R., el empresario y tratante de vinos alcazareño que se enfrenta a nueve años de prisón, ha calificado la acusación de la fiscalía de “injusta e infundada”. Ha insistido en que la Udyco solo ve a Javier dos veces, nunca en la finca, y por cuestiones propias de ser el casero: le llamaron en alguna ocasión cuando se estropeó el generador eléctrico, “en la vida se ha acercado a un gramo de cocaína”, ha remarcado.

El letrado ha rebatido en su informe final que la casa que alquilaron los colombianos, supuestamente para el laboratorio, no estuviera en condiciones para vivir, como testificó el jefe de la investigación. “Hay que tener en cuenta que  mi representado la alquiló en octubre de 2014, es normal hasta junio de 2016 hubiera sufrido deterioro. Él no sabía lo que hacían allí los inquilinos”, ha rematado.

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