Rubén S.O., acusado de encabezar un grupo criminal que blanqueaba dinero procedente de la venta de cocaína y marihuana en Puertollano, entre los años 2016 y 2017, ha reconocido los hechos ante el tribunal que le iba a juzgar esta mañana en la Audiencia provincial de Ciudad Real, tras alcanzar un acuerdo entre las partes.
Se trata del cabecilla que fue detenido hace siete años por la Policía Nacional, junto a su mujer y otras 37 personas, dentro de la operación Carbonell, en la que los agentes se incautaron más de 37.000 euros, ocho kilos de marihuana, 1,5 kilos de cocaína y 20 gramos de hachís.
Una parte de los detenidos fueron enjuiciados en 2020, pero Rubén S. O. y su cónyuge no comparecieron ante la justicia, y fueron declarados en busca y captura.
La mujer sigue en paradero desconocido y está pendiente un juicio contra ella, mientras que el hombre fue localizado en agosto y encarcelado con carácter preventivo hasta la llegada de la vista, que no se ha llegado a celebrar por la conformidad. El acuerdo ha permitido rebajar la pena de seis años a 3 años y tres meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales, dado que el fiscal, Jesús Gassent, ha desistido en la causa del otro delito de organización criminal que también le acusaba.
Gassent ha comentado las condiciones del acuerdo, tras el reconocimiento de los hechos por parte del procesado, y ha señalado que han pedido la pena mínima al tribunal.
En la misma línea, el abogado del acusado, Miguel López, ha celebrado el acuerdo, “satisfactorio para las dos partes”, a la vez que ha remachado la condición de adicto de su cliente, como “consumidor de cocaína”, que le llevó a “cometer hechos delictivos”.
El letrado ha recordado que está en prisión preventiva desde agosto y ahora la seguirá cumpliendo como condenado, aunque va a solicitar la suspensión del encarcelamiento por la drogadicción.
Rubén S. O. sigue tratamiento en Proyecto Hombre, que emitirá sus informes sobre la situación en que se encuentra, y determinará el cumplimiento de la pena, casi la mitad de lo que en principio le pedían, cuatro años y medio por blanqueo y dos años por organización criminal.
Los hechos
Los hechos, según el Ministerio Público, ocurrieron entre los años 2012 y 2016, cuando el matrimonio de hispano-paraguayo formado por los acusados Rubén S.O. y Elisandra A., vivían con «un alto nivel de vida», que no se correspondía «con actividad laboral alguna, ni rendimientos patrimoniales, sino con los beneficios obtenidos de la venta de cocaína y marihuana a terceros».
El dinero procedía, para el fiscal, del funcionamiento de un grupo criminal perfectamente «estructurado”, dedicado a la adquisición, preparación, venta y distribución de la droga procedente de Paraguay desde Puertollano.
Para el blanqueo, el acusado y su mujer realizaron envíos de dinero a Paraguay, a través de distintas oficinas de correos, señala el escrito, que alcanzaron en cuatro años los 333.439 euros.
También compraron vehículos y bienes inmuebles, a través de testaferros, para ocultar la procedencia ilícita del dinero.
