El caso de presunta administración desleal y estafa en la construcción de la residencia de mayores Andamarc de Ciudad Real, por parte del fisioterapeuta Marco Reina y el arquitecto Daniel Rivas, promotores del proyecto, ha quedado hoy visto para sentencia con una sensible rebaja de la petición de condena de la fiscalía.
El fiscal jefe Luis Huete ha mantenido que cometieron un delito de administración desleal con respecto a la sociedad, pero rebaja a un año y medio de prisión la solicitud de condena en el caso de Reina (pedía 3) y a cuatro meses para Rivas. Esto es así por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas ajenas a los acusados, y en el caso del arquitecto la reparación del daño puesto que ha devuelto sus acciones al actual propietario de la residencia, el empresario querellante Alfonso Manzanares.
Algo más de 900.000 euros a Reina
En cuanto a la responsabilidad civil el fiscal exige algo más de 900.000 euros a Marco Reina y a las sociedades a su nombre, la mitad del sobrecoste que según esta parte supuso la subcontratación de varias partidas de las obras.
La acusación particular que ejerce el empresario Alfonso Manzanares a través del abogado Jesús Barroso ha mantenido la acusación solo contra Marco Reina al que considera responsable de hasta tres delitos: estafa, apropiación indebida y administración desleal, por los que pide nueve años de prisión y 1,5 millones de indemnización, la mitad de los tres millones que supuestamente detrayeron al Grupo Andamarc.
“Soy inocente”
“Soy inocente, esta trama se la han inventado el señor Barroso y el señor Manzanares”, ha dicho Reina al final del juicio, celebrado ante la sección segunda de la Audiencia Provincial en tres sesiones alternas en los meses de octubre y noviembre.
Las defensas mantienen que en el caso hay una “total falta de base”. Especialmente contundente ha sido el abogado de Reina, Pablo García Minguillán, que pide la libre absolución y defiende “que no hay delito de ninguna clase, solo una cuestión civil que se ha criminalizado para hacerse con el control de la empresa, como han conseguido con las participaciones de Rivas”, ha explicado el letrado en declaraciones a Lanzadigital.com.
La acusación particular dice que desde el origen hubo ánimo de estafar. “Reina y Rivas sólo aportaron 200.000 euros cada uno y tuvieron que recurrir a Alfonso Manzanares que aportó 3,4 millones de euros para acceder al crédito de Globalcaja, que pedía una garantía del 40% del capital”.
Administraron en su propio beneficio
Esta parte considera que en el juicio se ha probado que a partir de ahí se dedicaron a gestionar la sociedad para su propio beneficio, cobrando salarios de 4.000 euros al mes en el caso Reina que no estaban reconocidos, e interponiendo sociedades a su nombre para engordar los gastos de construcción y puesta en funcionamiento de la residencia, hasta que Manzanares fue consciente en 2013 del engaño, “dejaron la cuenta con 56 euros y seis millones de euros de deuda que tuvo que asumir mi representado para no perder su capital”.
